El presupuesto 2027 quedó con un vicio de trámite y, si se confirma, el Gobierno tendría que expedirlo por decreto. Según legisladores y reportes de prensa, el Senado y la Cámara aprobaron textos distintos del artículo 65 y no hubo conciliación antes del 20 de octubre, fecha límite del trámite.
Ese artículo regula operaciones de cobertura frente a las variaciones en los precios del petróleo, los combustibles y la tasa de cambio. El Senado lo aprobó sin cambios. En cambio, la Cámara votó una versión con una proposición que había sido retirada en la otra corporación, explicó el representante Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático.
La Secretaría General del Senado precisó, por su parte, que en su plenaria el artículo 65 se aprobó sin proposiciones y que el enlace oficial de la Relatoría no registra ninguna sobre ese artículo.
Presupuesto 2027: así reaccionó el Congreso al vicio de trámite
La representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, advirtió que el texto estaría viciado y que debió conciliarse antes de la fecha límite. Mientras tanto, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, sostuvo que el Senado no cometió errores y pidió no generar más incertidumbre.
Enrique Gómez, congresista y director de Salvación Nacional, escribió: “El presupuesto no se cae, ni lo tumbaron”. Según él, se adopta por decreto el texto de las comisiones económicas. La senadora Andrea Padilla, del Partido Verde, también planteó que el Gobierno lo decretará, pero advirtió que se perderían recursos, como $3 billones adicionales para aseguramiento en salud.
Qué viene: decreto, Corte Constitucional o sesiones extraordinarias
La salida más mencionada es un decreto del Gobierno de Abelardo De La Espriella con el texto aprobado en primer debate, por cerca de 634,9 billones de pesos. Sin embargo, ese texto dejaría por fuera adiciones posteriores, entre ellas $3 billones para salud, según Pérez.
Además, hay un debate jurídico abierto. Según reportes de prensa, la Ley 5 de 1992 entiende hundida una iniciativa sin conciliación, pero se discute si cae todo el proyecto o solo el artículo 65. Pérez y la senadora María Clara Posada plantearon que el Gobierno podría sancionar la ley y dejar que la Corte Constitucional defina los efectos del vicio. Pérez también mencionó sesiones extraordinarias en enero de 2027 para tramitar una adición presupuestal.
