Pagos en un casino de Cartagena y retiros en efectivo por más de $56 millones están en el centro del cuestionamiento. Es lo que, según reportes de prensa, aparece en las cuentas de una empresa vinculada a Coosalud, la cooperativa intervenida por el Gobierno Petro.
La exsuperintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, respondió este lunes. Afirmó que las operaciones fueron denunciadas ante la Fiscalía en febrero de 2026 y que no corresponden a recursos del sistema de salud.
Lo que se cuestiona en la empresa vinculada a Coosalud
Según esos reportes, los extractos de Inversiones Portichelly registran pagos por $5 millones en un casino de Cartagena y transacciones por $800.000 en un establecimiento identificado como prostíbulo. Además, muestran retiros en efectivo superiores a $56 millones entre agosto y diciembre de 2025, es decir, mientras la cooperativa estaba intervenida por la Supersolidaria, bajo el Gobierno Petro.
Ahora bien, Navarro explicó que Portichelly se dedica formalmente a la confección de uniformes y que se trata de operaciones cuestionadas de su gerente. “Estos pagos no corresponden a recursos de la salud”, dijo.
Según contó, cuando el agente interventor le informó de lo ocurrido, su orientación fue denunciar ante la Fiscalía, y la intervención lo hizo en febrero de 2026.
Las investigaciones que siguen abiertas
La exfuncionaria pidió que estas revelaciones no desvíen la atención de las pesquisas por presuntas irregularidades durante la administración de Jaime González. Dijo que no pueden convertirse en una “cortina de humo”, pues, según explicó, la denuncia la hicieron ellos mismos.
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La intervención de la cooperativa se ordenó en diciembre de 2024, tras la de la EPS en noviembre. Además, la Supersolidaria abrió un proceso sancionatorio contra González y el consejo de administración.
A eso se suma una denuncia de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ante la Fiscalía, conocida en agosto de 2026. Señala un posible desvío de recursos públicos de la salud. Entre las operaciones cuestionadas figura un crédito de $221.000 millones a Coosalud Inversa, con la EPS como garante.
Por ahora, Navarro dejó en manos de la Fiscalía y de los organismos de control establecer el destino de los dineros y las eventuales responsabilidades individuales. Por su parte, Coosalud EPS, hoy intervenida, indicó en un balance de su gestión que a las autoridades les corresponde investigar y definir responsabilidades, con respeto al debido proceso.
