Jaime Andrés Uribe Tamayo renunció como gerente del Fondo Milagro, la entidad creada para liderar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. La salida se conoció este viernes 13 de noviembre. Ocurrió horas después de que el presidente Abelardo De la Espriella desautorizara los sueldos de la entidad y ordenara reversarlos.
Los sueldos que pusieron en la mira al gerente del Fondo Milagro
La polémica comenzó con una denuncia de la senadora del Pacto Histórico Kamelia Zuluaga, quien presentó un derecho de petición sobre la nómina. Según la denuncia, la planta de personal costaba cerca de $765 millones al mes.
Con corte al 9 de noviembre, el Fondo tenía 27 personas vinculadas. De ellas, 20 devengaban más de $30 millones mensuales, según ese señalamiento, y la entidad solo había firmado dos contratos.
De acuerdo con el derecho de petición, Uribe tenía una remuneración de $39,4 millones al mes. Eso supera en $8,7 millones el salario de un ministro, que se estima en $30,7 millones. Su secretario privado y el director jurídico y de contratación del Fondo recibían $36 millones cada uno.
La orden del presidente: reversar los salarios
Tras conocerse las cifras, De La Espriella dijo que los salarios no fueron autorizados por él y ordenó reversarlos. En un mensaje público rechazó las “decisiones inconsultas, carentes de sindéresis y contrarias a mis instrucciones” y aseguró que no permitirá que empañen la reconstrucción.
Además, el mandatario anunció en X que revisará los costos y la nómina del Fondo, en línea con su política de austeridad. También defendió la gestión de la entidad: dijo que ya avanza en reconstrucción, entrega de viviendas, subsidios y demoliciones.
Las cifras del Fondo Milagro y lo que falta por aclarar
Según un informe técnico de la gerencia ante la Comisión Accidental Bicameral de seguimiento, el presupuesto máximo aprobado por el Consejo Directivo es de $624.656 millones. Ese dinero es para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias. Los recursos provienen del Presupuesto General de la Nación e incluyen un empréstito de 200 millones de dólares con el Banco Mundial.
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Ahora bien, el mismo reporte indica que los procesos de demolición de edificaciones afectadas en Pereira y Cali suman $7.440 millones.
