El uso de Starlink en cárceles llevó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a abrir una investigación administrativa y formular cargos contra Starlink Colombia S.A.S. La entidad le atribuye el presunto incumplimiento de su obligación legal de atenuar las señales de telecomunicaciones que cubren establecimientos penitenciarios y carcelarios.
La decisión se produjo después de un operativo en la cárcel La Picota, en Bogotá. Según el Ministerio, allí fueron encontradas seis antenas Starlink y cientos de dispositivos de comunicación no autorizados.
Starlink en cárceles: las cuatro prisiones con conexiones
Tras ese operativo, el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC) del MinTIC hizo verificaciones técnicas. Según la entidad, identificó conexiones a internet mediante redes WiFi provistas por Starlink en cuatro establecimientos penitenciarios:
- La Picota, en Bogotá.
- Bellavista, en Bello (Antioquia).
- Acacías, en el Meta.
- Las Heliconias, en Florencia (Caquetá).
Esos hallazgos motivaron la actuación administrativa. Con ella, el Ministerio busca determinar si Starlink adoptó las medidas legalmente exigibles para impedir que sus servicios facilitaran comunicaciones no autorizadas desde centros de reclusión.
La obligación está en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014. Esa norma exige a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones atenuar las señales que cubren los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
Los operadores móviles también están en la mira
Los cargos no se limitan a Starlink. El MinTIC también abrió investigaciones y formuló cargos contra Partners Telecom Colombia S.A.S., Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., Comunicación Celular S.A. (COMCEL) y la Unión Temporal Colombia Móvil – Colombia Telecomunicaciones (TIGO).
En su caso, el presunto incumplimiento está relacionado con la eliminación o restricción de señales móviles en La Picota. Las actuaciones buscan establecer si adoptaron las medidas necesarias para restringir las señales de transmisión, recepción y control de los servicios móviles dentro del penal.
Durante los operativos en ese establecimiento fueron encontrados 582 teléfonos celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas Starlink y 38 módems, entre otros elementos electrónicos. El Ministerio calificó esas cifras como evidencia de la magnitud del desafío que enfrenta el Estado para impedir las comunicaciones no autorizadas desde las cárceles.
Las sanciones que están en juego
Por ahora se trata de cargos, no de sanciones. De comprobarse los incumplimientos, las empresas investigadas podrían enfrentar procesos sancionatorios que contemplan:
- Multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su equivalencia legal aplicable.
- Suspensión temporal de operaciones.
- Cancelación de licencias, autorizaciones o permisos, según corresponda.
El MinTIC aseguró que las investigaciones se adelantarán con garantías de debido proceso y derecho de defensa. Además, el Gobierno Nacional advirtió que mantendrá una vigilancia estricta sobre los operadores y que las cárceles no pueden seguir siendo usadas para coordinar actividades criminales, extorsiones y otras conductas delictivas.
Lo que sigue en el caso de Starlink en cárceles es el trámite de la actuación administrativa, en la que las empresas podrán ejercer su defensa. El comunicado no precisa plazos ni recoge la postura de Starlink ni de los operadores investigados.