El presidente Abelardo De La Espriella entregó este martes, en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, un documento denominado “El libro de la verdad”, que reúne más de 80 casos de presunta corrupción documentados durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. El expediente también fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría de la República.
Según explicó el mandatario, el objetivo del documento es aportar información que permita a la justicia establecer si se cometieron irregularidades con recursos públicos. “No me cabe señalar la responsabilidad penal de persona alguna; esa función le pertenece a la administración de justicia y al Ministerio Público. Mi obligación es la de entregar dicha información porque así se lo prometí en campaña”, afirmó De la Espriella.
Nueve patrones de irregularidad, según el Gobierno
El vicepresidente José Manuel Restrepo, coordinador del empalme anticorrupción, detalló que el documento identifica nueve patrones de comportamiento irregular atribuidos a la administración anterior. Entre los casos que expuso está la presunta desfinanciación del programa Colombia Mayor: según Restrepo, el presupuesto asignado para todo 2026 se habría agotado en julio, sin planes de contingencia, afectando a cerca de tres millones de adultos mayores.
Restrepo también mencionó irregularidades en la Cancillería, donde se habrían firmado 785 contratos por $83.000 millones antes de la entrada en vigor de la ley de garantías electorales, con una flexibilización de los requisitos para representar al país en el exterior, incluida la eliminación del requisito de un segundo idioma. A esto se suman, según el vicepresidente, $8.500 millones destinados a sedes temporales con una duración de entre 90 y 120 días.
“Estos cinco casos no son solamente una excepción. Son una muestra representativa de más de 80 casos incluidos en El libro de la verdad, de un patrón que se repitió una y otra vez”, señaló Restrepo, quien precisó que el equipo anticorrupción ya trasladó denuncias penales, acciones fiscales y quejas disciplinarias ante la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.
Lo que sigue: investigaciones en manos de los entes de control
De La Espriella insistió en que la entrega del documento no equivale a una condena anticipada. “Que quede muy claro, no le estoy pidiendo a la justicia una condena anticipada, le estoy entregando información para que puedan ustedes hallar la verdad de lo que ocurrió”, afirmó el mandatario, quien pidió que, si la evidencia demuestra la comisión de delitos, faltas disciplinarias o responsabilidad fiscal, los responsables sean “investigados, juzgados y sancionados conforme a la ley”.
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Con la entrega del expediente, corresponde ahora a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría determinar, de manera independiente, si los casos reportados constituyen delitos, faltas disciplinarias o hallazgos fiscales. Ninguna de las tres entidades se ha pronunciado públicamente todavía sobre el contenido del documento.
