La Comisión Tercera del Senado aprobó este miércoles una proposición para citar a debate de control político al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, con el propósito de conocer en detalle el estado de las finanzas públicas que recibe el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La proposición fue presentada por los senadores Christian Garcés, María Angélica Guerra, Juan Carlos Garcés y Yesid Pulgar, entre otros congresistas. También fueron citados el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y los directores de Presupuesto Público Nacional y de Crédito Público y del Tesoro Nacional.
Christian Garcés advierte sobre el panorama fiscal
El senador Christian Garcés, del Centro Democrático, explicó que el debate busca establecer con cifras concretas cuál es la situación económica que recibe la nueva administración.
“Como están los ingresos, los gastos, el nivel de endeudamiento del país, cómo piensa el nuevo gobierno afrontar los retos y problemas financieros de los colombianos”
Christian Garcés, Senador.
El congresista también puso sobre la mesa el impacto económico que tendrá la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Según explicó, las regiones afectadas podrían necesitar entre $10 y $30 billones para su reconstrucción, lo que aumenta las presiones sobre las finanzas públicas.
“El reto económico es enorme”, afirmó Garcés, quien además pidió que al debate sea invitado el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), organismo que ha advertido sobre un posible faltante fiscal para el cierre de 2026.
El senador señaló que es necesario “prender las alarmas” frente a la situación fiscal y revisar cómo se abordarán las discusiones económicas que deberá asumir el Congreso durante los próximos meses.
Congreso revisará las finanzas que recibe el nuevo Gobierno
El debate tendrá como uno de sus principales objetivos determinar el estado de los ingresos, gastos, deuda pública y capacidad de financiación del Estado. La discusión ocurre además en medio de las dificultades alrededor del presupuesto de 2027 y de las nuevas necesidades de recursos generadas por la emergencia del terremoto.
Para el nuevo Gobierno, el escenario representa un desafío adicional: deberá definir cómo financiar sus compromisos y, al mismo tiempo, responder a las necesidades de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo sin deteriorar aún más las cuentas fiscales.
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