El presidente Abelardo De La Espriella lideró este miércoles 19 de agosto su primer Consejo de Ministros desde que se posesionó, y en esa reunión firmó el decreto de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. La norma le otorga al Gobierno facultades extraordinarias para atender la crisis derivada del terremoto del 10 de agosto.
“La prioridad es clara: garantizar los recursos necesarios para atender a las víctimas y reconstruir a las regiones”, afirmó el mandatario. Según explicó, la emergencia económica le permitirá al Ejecutivo “contar con las herramientas necesarias para generar el espacio fiscal que exige esta tragedia y minimizar su impacto económico y social”.
De La Espriella aclaró, sin embargo, que estas facultades “no son un cheque en blanco” y que hará un seguimiento exhaustivo al uso de los recursos.
Las cifras que maneja el Gobierno Nacional
Según las cifras entregadas por el propio presidente, la tragedia ha dejado hasta este 19 de agosto 314 personas fallecidas y 262.145 afectadas en total a nivel nacional. El costo de atender la emergencia podría ascender, de acuerdo con el mandatario, a 30 billones de pesos.
El Ministerio de Vivienda, por su parte, reportó 136.946 viviendas averiadas, 30.664 destruidas, 302 edificios colapsados, 352 centros de salud averiados y 3.470 centros educativos afectados en todo el país.
El plan de vivienda tiene tres fases
El plan de reconstrucción, liderado por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, contempla tres etapas. La primera busca la caracterización y recuperación territorial, para dimensionar con precisión la magnitud de la crisis, y tomará máximo cuatro meses. La segunda se enfocará en el mejoramiento de vivienda, y la tercera en una renovación urbana en las zonas más golpeadas, que según el Gobierno también podría extenderse a otras regiones del país.
“La segunda y tercera etapa requieren una planeación mucho más aterrizada, con números reales, con cierres financieros, pero que en esta renovación urbana podamos hablar de colegios, centros de salud, parques y espacio para los menores”, explicó Beltrán. Los subsidios de vivienda y arriendo anunciados por el ministro entrarían en vigencia a partir de octubre, en la segunda fase del plan.
El papel del Valle del Cauca en la reconstrucción
El Valle del Cauca aparece entre los cinco departamentos priorizados por el Gobierno Nacional, junto con Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío. Según reportó el Ejecutivo, hacia esas regiones se ha dirigido buena parte de las ayudas humanitarias y de los aportes del sector privado, que hasta el momento suman cerca de un billón de pesos provenientes de los principales conglomerados económicos del país.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció junto con su homóloga de Chocó, Nubia Córdoba, avances en la fase de caracterización territorial, mediante un censo que se lidera desde las alcaldías municipales de cada departamento. El Gobierno Nacional señaló, además, que en regiones como el Valle del Cauca y Chocó ya se iniciaron labores de reconstrucción, aunque en otras zonas del país la fase de búsqueda de víctimas continúa vigente.
Una propuesta desde Antioquia
Por separado, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentaron ante el presidente una propuesta de “reconstrucción por impuestos” y “obras por regalías”, que ya entró en fase de estudio en el Ejecutivo. La iniciativa plantea reducir impuestos y eximir del pago de regalías a las empresas privadas que participen activamente en la reconstrucción, aunque el Gobierno no ha confirmado si adoptará la propuesta.
El trasfondo fiscal de la decisión
De La Espriella enmarcó la emergencia económica dentro de lo que calificó como una situación fiscal crítica para el país. “Colombia enfrenta una realidad fiscal extraordinariamente difícil, la más compleja de toda nuestra realidad republicana. Aproximadamente uno de cada tres pesos se destina al pago de la deuda pública. Hace 10 años era uno de cada seis. La deuda bruta supera el 60% del PIB”, señaló el mandatario.
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En ese contexto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, trabaja en el presupuesto de 2027, que se presentaría antes del 26 de agosto, y ha pedido al Congreso ampliar el cupo de endeudamiento del país para acceder a créditos de la banca multilateral. El Gobierno ya anunció un primer crédito del Banco Mundial para atender la crisis.
Ausencias y reacciones
Entre los ausentes al Consejo de Ministros estuvo el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quien se encuentra en Estados Unidos gestionando la eliminación de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump a Colombia.
La misma jornada, el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda realizaron una réplica pública para controvertir las acciones anunciadas por el Gobierno.
