El liquidador del Ministerio de Igualdad, John Milton Rodríguez, informó que fueron suprimidos cuatro viceministerios que todavía permanecían vigentes dentro de la estructura de la entidad. De estos, dos viceministros fueron declarados insubsistentes, mientras que los encargos de los otros dos fueron terminados.
Rodríguez señaló que recibió una entidad con dificultades administrativas y financieras, entre ellas la ausencia de estados financieros de cierre y obligaciones pendientes relacionadas con nómina, contratos y arriendos.
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Liquidación de MinIgualdad tendrá auditorías y denuncias
Uno de los anuncios centrales del liquidador fue la presentación de denuncias ante los organismos de control por un presunto detrimento patrimonial.
Según explicó Rodríguez, la medida estaría relacionada con el uso de recursos públicos en cargos y funciones que, de acuerdo con la revisión adelantada, no tendrían una justificación efectiva.
El liquidador también indicó que no se autorizarán pagos que no estén directamente relacionados con el proceso de liquidación. Además, las obligaciones y nóminas pendientes causadas entre el 21 de junio y el 19 de agosto serán revisadas individualmente para determinar cuáles cuentan con sustento jurídico y laboral.
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Gobierno busca recuperar cerca de $200.000 millones de FonIgualdad
Otro de los puntos que estará bajo revisión es FonIgualdad. El Gobierno asumirá un control directo del fondo para revisar, entre otros aspectos, posibles nóminas paralelas.
La meta anunciada por el liquidador es recuperar cerca de $200.000 millones, recursos que, según lo informado, podrían ser destinados a atender necesidades derivadas de la emergencia económica y a las víctimas del terremoto.
La cifra corresponde a una meta de recuperación planteada dentro del proceso y no significa que exista, por sí misma, un detrimento patrimonial ya determinado. Cualquier eventual irregularidad deberá ser establecida mediante las auditorías e investigaciones correspondientes.
El proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad se inició después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que creó la entidad. El Gobierno oficializó posteriormente el proceso mediante el Decreto 626 de 2026, que dio paso al cierre administrativo de la cartera.
Ahora, la administración de Abelardo de la Espriella busca acelerar el cierre de la entidad mediante la revisión de su estructura, contratos, obligaciones, nómina y recursos públicos.
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