El Gobierno nacional dio por terminados este viernes 11 de septiembre todos los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la administración anterior. La decisión, atribuida a instrucciones del presidente Abelardo De La Espriella desde su llegada al poder el 7 de agosto, pone fin formalmente a la política de “paz total” que caracterizó al gobierno de Gustavo Petro.
La medida abarca las mesas de negociación con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, con los frentes que responden a los comandantes Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y Raúl Reyes, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y con el Frente Guerrillero Comuneros del Sur, además de la mesa con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). T
ambién se cierran los espacios sociojurídicos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y con estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. El comunicado señala, además, que se levanta la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
El cierre de la mesa con el ELN, el más reciente
De La Espriella firmó la Resolución 391 de 2026, con la que revocó la designación de los representantes del Gobierno en la mesa de diálogos con el ELN. Esa mesa estaba suspendida desde enero de 2025.
Otros de los espacios mencionados, como el de los Comuneros del Sur y el de las estructuras criminales de Medellín, ya habían sido cerrados mediante resoluciones expedidas el 3 de septiembre.
Lo que argumenta el Gobierno
Presidencia sostiene que estos procesos “no demostraron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia”, razón por la cual decidió no mantenerlos. El Gobierno afirma que no sostendrá “escenarios institucionales que sean instrumentalizados para prolongar el accionar delictivo, obtener beneficios procesales o evadir el imperio de la ley”.
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El presidente De La Espriella también se refirió a la decisión en su cuenta de X, donde escribió: “Se acabó la falsa paz” y aseguró que, en su gobierno, “los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad”, según registró la agencia EFE.
El costo de los procesos, según el Gobierno
El Gobierno informó que, durante el cuatrienio anterior, se destinaron más de 7.000 millones de pesos exclusivamente al pago de honorarios de voceros, representantes y negociadores en estos espacios. Esa cifra, aclara el propio texto oficial, no incluye los gastos en esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y otros rubros cubiertos con recursos públicos.
¿Qué sigue ahora?
El Gobierno plantea una distinción clara hacia adelante: quienes muestren una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia de manera individual, mientras que quienes continúen en actividades violentas contra la población civil enfrentarán, según el comunicado, “toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública”.
