Las tutelas que los ciudadanos presenten contra el presidente de la República ya no irán a los jueces del circuito. El Gobierno de Abelardo De La Espriella expidió un decreto que las devuelve al Consejo de Estado, que las resolverá en primera instancia.
El decreto señala que, las tutelas contra “las actuaciones u omisiones del Presidente de la República en ejercicio de sus funciones” serán repartidas al Consejo de Estado.
Para entender el cambio, hay que mirar atrás
La tutela es el mecanismo con el que cualquier persona puede pedirle a un juez que proteja rápidamente sus derechos fundamentales.
Durante el gobierno de Gustavo Petro se modificaron las reglas de reparto para que estas acciones contra el Presidente las conocieran los jueces del circuito, y no el Consejo de Estado. El nuevo decreto revierte esa decisión.
En pocas palabras, lo que cambia es la puerta de entrada. Ya no será un juez en cualquier ciudad del país, sino el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
¿Qué argumenta el Gobierno?
Según el borrador que publicó el Ministerio de Justicia a comienzos de septiembre, las decisiones del Presidente pueden tener efectos en todo el país e incluso fuera de él. Por eso, sostiene el Gobierno, deben ser revisadas por un tribunal de alcance nacional.
El documento también mencionó el aumento de las tutelas en Colombia: pasaron de 459.680 en 2020 a 1.202.436 en 2025.
El antecedente del acto religioso
El cambio llega después de un fallo que no le gustó al Gobierno. Un juez le ordenó al Presidente pronunciarse públicamente sobre el acto religioso que se realizó en su posesión, el 7 de agosto.
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Tras esa decisión, el asesor político Carlos Suárez anunció que el fallo sería impugnado y planteó el cambio de tribunal. “Hay que devolver las cosas a su lugar”, dijo, según Portafolio.
Y de aquí en adelante, ¿qué sigue?
El decreto solo aplicará a las tutelas nuevas. Las que ya fueron presentadas seguirán su curso con los jueces que las recibieron. Como toda norma de este tipo, el decreto puede ser demandado ante el propio Consejo de Estado.
