Un grupo de congresistas, concejales y un veedor ciudadano de Cali denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación al alcalde Alejandro Eder Garcés y al abogado Salomón Bermúdez, por hechos que, según los denunciantes, podrían configurar un presunto hostigamiento político contra la bancada de oposición del Pacto Histórico en la ciudad.
La denuncia fue radicada por los concejales María del Carmen Londoño y Mauricio Zamora, el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, el senador Kevin Gómez y el veedor Élmer Montaña.
En qué consiste la denuncia
De acuerdo con el documento presentado, los hechos podrían constituir un uso indebido de recursos públicos relacionado con la contratación de un abogado de Bogotá, por un valor aproximado de 120 millones de pesos. Según los denunciantes, ese profesional estaría dedicado exclusivamente a la defensa del alcalde frente a cuestionamientos y denuncias sobre presuntas irregularidades en su administración, varias de ellas puestas en conocimiento de la Fiscalía por concejales del Pacto Histórico y organizaciones de veeduría ciudadana.
Los concejales Londoño y Zamora cuestionaron que recursos de todos los caleños puedan estar destinados a la defensa personal del alcalde, en particular cuando se trata de actuaciones derivadas de denuncias y ejercicios de control político realizados por concejales y veedores en cumplimiento de sus funciones.
“Nuestra obligación es vigilar cómo se administran los recursos de la ciudadanía y denunciar cualquier actuación que consideremos presuntamente irregular. No vamos a permitir que los recursos públicos puedan ser utilizados, al parecer, para perseguir, hostigar o silenciar a quienes ejercemos el control político”, señalaron los denunciantes.
Una tensión que no es nueva
Esta denuncia se suma a un pulso que ha venido creciendo entre el alcalde y este sector de la oposición en el Concejo de Cali. En agosto, el propio Eder presentó una denuncia penal contra el concejal Mauricio Zamora por señalamientos que este hizo sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), lo que el cabildante calificó como un intento de “acallarlo judicialmente”.
Londoño, Zamora, Mondragón y Gómez —junto con el veedor Montaña— también han llevado a la Fiscalía otros casos contra la Administración Distrital, entre ellos la devolución de más de 2.242 millones de pesos en impuesto predial al Club Campestre de Cali, y el trámite de desacato derivado de un derecho de petición del propio Montaña sobre convenios entre el Distrito y la entidad Propacífico.
Qué piden los denunciantes
Los firmantes de la denuncia solicitaron a la Fiscalía General de la Nación investigar si existió un uso contrario a la finalidad de los recursos públicos y establecer las eventuales responsabilidades a que haya lugar. Insistieron, además, en que el control político y la vigilancia sobre la gestión pública hacen parte de las funciones constitucionales de los concejos municipales.
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Los denunciantes reiteraron que continuarán ejerciendo su labor de control y seguimiento a la Administración Distrital, e hicieron un llamado a los entes de control para verificar que los recursos públicos no se destinen a hostigar a la oposición o a financiar defensas de carácter estrictamente personal.
