El hurto a personas en Cali bajó 21 % en lo corrido de 2026. Es la mayor reducción entre las cinco ciudades más pobladas del país, según la Secretaría de Seguridad y Justicia. La entidad se apoyó en datos de la Policía Metropolitana, analizados por el Observatorio de Seguridad.
Las cifras se presentaron en la segunda Rendición de Cuentas del año, que cubre de enero a septiembre y se hizo desde el barrio Obrero.
Así queda el hurto a personas en Cali frente a otras ciudades
Según la Secretaría, la tasa de la ciudad es de 408 casos por cada 100.000 habitantes, inferior a la de Bogotá, Medellín y Barranquilla.
Natalia Zuluaga Londoño, subsecretaria de Política de Seguridad, explicó que el hurto es el delito que más impacta a la ciudadanía y que se intervino con una estrategia diferenciada por comunas. Eso, dijo, se refleja en una reducción del 17 % en el hurto general y del 21 % en hurto a personas, por encima del promedio nacional.
Según Zuluaga, la baja del hurto a personas se sostiene en más de 28 planes ejecutados con gestores territoriales, presentes en todas las comunas. La estrategia también incluye videovigilancia: hoy el 93 % de las cámaras está en operación.
Qué reportan en el centro de Cali
La Secretaría informó que en la zona del centro, donde se adelantan la intervención en Ciudad Paraíso y el ‘Plan Cristo Rey’, se completan 20 días sin homicidios y una reducción de delitos superior al 80 %. Eso sí, la entidad no precisó frente a qué periodo se compara.
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Jorge Moreno, secretario (e) de Seguridad y Justicia, reconoció que ha habido “momentos complejos, con ataques terroristas y la dinámica del homicidio, que es difícil, pero seguimos trabajando sin parar”.
Inmobiliarias, conciliaciones y presupuesto
Sobre el control a inmobiliarias tras el sismo, Moreno indicó que las visitas arrojaron hallazgos de ilegalidad. Actualmente hay tres actuaciones administrativas sancionatorias por presuntos actos abusivos.
Por otra parte, el subsecretario Luis Eduardo Varela informó que las dos versiones de la ‘Conciliatón 2026’ dejaron 323 conciliaciones, el 88,5 % por conflictos familiares. Además, 4.333 infractores conmutaron sanciones con trabajo comunitario.
El cierre estuvo a cargo de la Unidad de Apoyo a la Gestión, que reportó una ejecución del 73,8 % del presupuesto, destinado a la Fuerza Pública, la videovigilancia y los servicios de justicia en zona urbana y rural.
