El Gobierno Nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, autorizó gestiones con Andrés Felipe Marín Silva, conocido con el alias de ‘Pipe Tuluá’, en el marco de un posible gesto de paz y sometimiento a la justicia. La resolución, firmada por el consejero comisionado José Otty Patiño Hormaza el 9 de julio de 2025, designa a Fabián Alberto Agredo Hoyos como facilitador encargado de verificar la voluntad real de reinserción del actor armado.
De acuerdo con el documento oficial, Agredo deberá presentar un plan de trabajo y un informe detallado sobre las actividades y gestiones realizadas ante la Oficina del Comisionado de Paz. La autorización establece que el proceso tiene carácter reservado y que cualquier uso indebido de la información implicará la revocatoria inmediata del acto administrativo.
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Un gesto de paz bajo estricta reserva institucional
La resolución detalla que el facilitador tendrá la misión de comprobar la intención de paz y sometimiento de alias ‘Pipe Tuluá’, reconocido cabecilla de estructuras delictivas en el Valle del Cauca. Según el texto, su labor deberá centrarse únicamente en gestiones relacionadas con el proceso de acercamiento y en garantizar que se cumplan los lineamientos establecidos por el Gobierno.
Este acto administrativo, vigente por el 10 de julio de 2025, busca avanzar en la estrategia de diálogo y sometimiento individual, promovida por la Oficina del Comisionado. El documento advierte que tanto el contenido de la resolución como los informes y planes presentados son confidenciales, reforzando el carácter reservado de los acercamientos con estructuras del crimen organizado que han mostrado disposición de dejar las armas.
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Acercamientos con respaldo político y mediación institucional
Fuentes cercanas al proceso confirmaron que en los trámites también habrían intervenido figuras políticas como la senadora Isabel Zuleta y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quienes habrían acompañado las primeras gestiones de mediación en el contexto de la política de paz total. Aunque el Gobierno no ha hecho un pronunciamiento oficial, los documentos y videos obtenidos por medios nacionales evidencian un supuesto primer paso hacia la reconciliación en el Valle del Cauca.
El caso de alias ‘Pipe Tuluá’ se suma a los esfuerzos del Ejecutivo por abrir canales de diálogo con estructuras criminales urbanas, en busca de desescalar la violencia en regiones afectadas por el narcotráfico y las economías ilegales. La resolución expedida por la Oficina del Comisionado de Paz marca un precedente en los procesos de facilitación y podría derivar en nuevos mecanismos de sometimiento a la justicia para actores que expresen voluntad de paz.
