Interceptaciones y videos revelan que las disidencias del frente Carlos Patiño en el Cauca están instrumentalizando menores para llevar explosivos a posiciones militares. A cambio, los niños reciben $5.000 por colaborar en estos atentados, exponiéndolos a graves peligros.
Las disidencias de las Farc, específicamente el frente Carlos Patiño, están utilizando menores de edad en el Cauca para participar en acciones contra la Fuerza Pública, según denunció el Ejército colombiano. Una interceptación telefónica reciente confirmó lo que era un secreto a voces: los cabecillas del grupo ordenaron emplear niños para transportar paquetes con explosivos hasta puntos estratégicos donde se alojan las tropas del Ejército en el corregimiento de El Plateado.
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En la grabación, uno de los líderes armados expresa: “¿Qué está esperando para mandar a los peladitos? Cinco mil pesos para que lleguen ahí donde están los tanques o donde ellos duermen”. La estrategia busca aprovechar que los menores no suelen levantar sospechas y podrían pasar desapercibidos ante las tropas, quienes tienen restricciones para registrar o inspeccionar a niños.
Esta práctica, además de ser un crimen grave, representa un enorme riesgo para los menores involucrados. Según las autoridades, los explosivos podrían activarse durante su traslado, poniendo en peligro sus vidas y provocando tragedias en la comunidad.
MinDefensa ordena control del orden público en la región
Un video conocido por Semana muestra a un joven acomodando proyectiles en una media para entregarlos a los combatientes. Ante esta situación, el Ministerio de Defensa ha ordenado a las Fuerzas Militares retomar el control del orden público en la región y garantizar la seguridad para que el Estado pueda ofrecer sus servicios a las comunidades afectadas.
Además de las disidencias de las Farc, la zona enfrenta la presencia de otros grupos armados, como el ELN y la Segunda Marquetalia, quienes han formado alianzas estratégicas para combatir a las fuerzas de alias “Iván Mordisco”. Estos grupos no solo imponen normas de convivencia en las comunidades, sino que también controlan el mercado de la hoja de coca y cobran impuestos para financiar actividades ilegales y servicios de salud clandestinos en el área.
Las autoridades han intensificado las acciones para restablecer el control estatal en esta región, en un esfuerzo por frenar el uso de menores en el conflicto armado y garantizar la protección de los derechos de la infancia en medio de esta compleja situación.
