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Gobierno permitirá prácticas estudiantiles en zonas afectadas por el conflicto

Nuevo decreto permitirá a estudiantes de universidades realizar sus prácticas en los 170 municipios afectados por el conflicto armado.

El Gobierno Nacional realiza los últimos detalles de un decreto que permitirá a los estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y universitarios prestar su servicio social o realizar prácticas profesionales en los municipios más afectados por el conflicto armado. Esta medida se sumaría al Servicio Social para la Paz, reglamentado en agosto, y busca brindar alternativas al servicio militar obligatorio.

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Los estudiantes elegibles serán aquellos que residan en municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) o que mantengan vínculos con proyectos en esas regiones. Según el borrador del decreto, los jóvenes podrán vincularse a programas enmarcados en los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). Contribuyendo al fortalecimiento comunitario e institucional. Además, esta experiencia contará como requisito de grado, otorgará créditos educativos y podría ser un criterio de desempate en concursos para acceder a empleos públicos.

Beneficios para los estudiantes en su hoja de vida

La Agencia de Renovación del Territorio, en coordinación con la función pública, liderará la implementación del decreto. Entre los beneficios del servicio se destaca que los participantes podrán sumar experiencia laboral válida. Adicionalmente de colaborar en la ejecución de proyectos que buscan superar las condiciones de pobreza y debilidad institucional en estos municipios priorizados.

Este anuncio complementa el Decreto 1079 de 2024, mediante el cual se creó el Servicio Social para la Paz. Esta iniciativa está dirigida a jóvenes entre 18 y 24 años. Quienes podrán participar en diversas actividades en favor de la construcción de paz y el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Los servicios abarcan desde la alfabetización digital y la promoción de derechos humanos, hasta el trabajo con víctimas del conflicto armado y la gestión del riesgo climático.

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Los jóvenes que elijan esta alternativa recibirán una remuneración de hasta el 80 % de un salario mínimo mensual. Con lo cual el gobierno busca incentivar la participación activa de la juventud en la transformación de los territorios más vulnerables del país.

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