El presidente Gustavo Petro anunció recientemente su intención de convocar una consulta popular para decidir el futuro de dos de sus principales propuestas de gobierno: la reforma laboral y la reforma a la salud. El mandatario hizo el anuncio a través de una alocución presidencial, destacando que busca hacer partícipe a la ciudadanía en decisiones trascendentales para el país.
La decisión surge luego de que la Comisión VII del Senado presentara una ponencia de archivo para la reforma laboral, lo que generó tensiones políticas y abrió el debate sobre la viabilidad de las iniciativas gubernamentales. Ante este escenario, Petro apuesta por el mecanismo de consulta popular como vía para legitimar sus reformas.
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¿Qué es una consulta popular?
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución de Colombia. Permite a los ciudadanos expresarse mediante el voto sobre temas de gran relevancia nacional, departamental, distrital, municipal o local. A diferencia de un referendo, que aprueba o rechaza un texto normativo ya redactado, la consulta popular plantea preguntas generales sobre un asunto de interés público.
Este mecanismo puede ser convocado tanto por el presidente de la república como por gobernadores o alcaldes, según corresponda al ámbito de la consulta. La finalidad es que el pueblo decida si está de acuerdo o no con la propuesta que se le presenta, convirtiendo el resultado en una guía para la toma de decisiones gubernamentales.
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Última consulta popular en Colombia
La última consulta popular en Colombia tuvo lugar en agosto de 2018 en el gobierno de Iván Duque, cuando la ciudadanía fue convocada para pronunciarse sobre medidas contra la corrupción. La iniciativa, liderada por Angélica Lozano y Claudia López, incluía siete puntos destinados a establecer sanciones severas para frenar actos de corrupción en cargos públicos.
- Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado.
- Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado.
- Contratación transparente obligatoria en todo el país.
- Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía.
- Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión.
- Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio.
- Máximo tres periodos en corporaciones públicas.
A pesar del respaldo ciudadano en las urnas, la consulta no alcanzó el umbral necesario, lo que impidió implementar las medidas propuestas. Desde entonces, no se ha vuelto a convocar una consulta popular de carácter nacional.
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Implicaciones de la propuesta de Petro
El anuncio del presidente Petro sobre una nueva consulta popular genera expectativas en distintos sectores políticos y sociales. Si se concreta, marcaría un hito en la participación democrática, permitiendo que la ciudadanía tome parte activa en decisiones de alto impacto. No obstante, el proceso podría enfrentar desafíos en cuanto a su viabilidad y legitimidad, especialmente considerando el antecedente de la consulta anticorrupción de 2018.
El gobierno deberá considerar el contexto político y social, así como los mecanismos que garanticen una amplia participación ciudadana. De lograrse el umbral requerido, la consulta popular podría convertirse en un instrumento clave para validar o rechazar las reformas propuestas por el ejecutivo.
