La Corte Constitucional decidió devolver al Congreso el proyecto de ley que buscaba convertir el Día sin IVA en una política de Estado permanente en Colombia. Tras una revisión exhaustiva, el alto tribunal concluyó que la iniciativa no cumplió con los requisitos constitucionales y determinó su archivo definitivo.
El proyecto pretendía institucionalizar el Día sin IVA para estimular el consumo y fortalecer el poder adquisitivo de los hogares colombianos. Sin embargo, el gobierno del presidente Gustavo Petro se opuso, argumentando que la propuesta vulneraba la Constitución.
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Argumentos del Gobierno Nacional para archivar el día sin IVA
El gobierno sustentó su oposición en dos razones principales. Primero, consideró que la iniciativa vulneraba el artículo 154 de la Carta Política al crear un beneficio tributario sin contar con el aval del Ejecutivo. Según la administración de Petro, cualquier medida de esta naturaleza debe tener el respaldo gubernamental, lo cual no ocurrió en este caso.
Segundo, el Gobierno señaló que el proyecto no cumplió con el análisis de impacto fiscal que la Constitución exige para iniciativas que crean beneficios tributarios. No se presentaron estudios que analizaran el costo económico y las implicaciones fiscales de establecer el Día sin IVA de manera permanente, lo que generó dudas sobre su viabilidad.
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Falta de consenso entre las cámaras legislativas
Durante el proceso de revisión, la Corte encontró que las objeciones presentadas por el Gobierno no fueron acogidas de manera uniforme por las dos cámaras del Congreso. Mientras que el Senado rechazó completamente las objeciones, la Cámara de Representantes no adoptó una postura clara. Esta discrepancia impidió que el alto tribunal emitiera un pronunciamiento definitivo.
La Ley 5 de 1992 establece que si ambas cámaras no coinciden en la aceptación o rechazo de las objeciones presidenciales, el proyecto debe archivarse. Debido a esta falta de unanimidad, la Corte devolvió el expediente al Congreso para su archivo.
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Implicaciones de la decisión
Con esta determinación, se confirma que el Día sin IVA no se institucionalizará en el país. Las jornadas realizadas en el pasado quedaron como experiencias aisladas, sin respaldo legal para convertirse en una política de Estado. La decisión también pone en evidencia la falta de coordinación legislativa y resalta la importancia de evaluar cuidadosamente el impacto de proyectos que afectan la tributación nacional. El Gobierno destacó la importancia de buscar medidas alternativas que no vulneren la Constitución y que cuenten con un análisis económico riguroso.
Esta resolución deja claro que cualquier intento de reactivar la iniciativa deberá pasar por un proceso legislativo más sólido y con mayor consenso político, respetando las normas constitucionales vigentes.
