La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca facilitar el trámite para la renovación del porte de armas en Colombia. Con 17 votos a favor y 6 en contra, la iniciativa ahora pasará a discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde deberá superar tres debates más para convertirse en Ley.
El autor de esta propuesta es el representante Juan Carlos Wills, del partido Conservador, quien explicó que lo único que busca es equilibrar el derecho individual a la seguridad con las necesidades de orden público. Además señalo que, aunque actualmente el los permisos para el porte legal de armas son regulados por el Decreto 2535 de 1993, por el acuerdo de paz entró en vigencia una suspensión al mismo hasta el 31 de diciembre de 2025.
“Gracias al acuerdo de paz, que por un año se iba a prohibir, quienes hoy tienen armas con porte no pueden hacer uso de ellas, les toca guardarlas. Esto ha incurrido en temas de corrupción. Quien quiera tener el porte de arma, le toca ir a un jefe de estado mayor para que le den un permiso regional, que valen entre 10 y 15 millones, buscamos quitar eso y fortalecer el departamento control de armas”, dijo Wills.
Por lo anterior, lo que se pretende es que la suspensión al Decreto 2535, impuesta por el Ministerio de Defensa, ya no rija en el territorio nacional, facilitando el trámite para solicitar el permiso del porte así como para renovarlo.
Siendo así, Wills también aseguró que, con la aprobación de este nuevo proyecto de Ley el Presidente de la República no podrá prohibir el porte de armas de manera arbitraria, sino únicamente en circunstancias específicas, tales como jornadas electorales, emergencias de seguridad en regiones afectadas por violencia, o fechas como el Día de la Mujer, etc.
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¿Qué dice el nuevo proyecto de Ley?
Cabe destacar dos puntos muy importantes que establece este proyecto de Ley. Para empezar, se propone extender el derecho a portar armas a todos los miembros de la fuerza pública, no solo a oficiales y suboficiales, garantizando que todos los integrantes de las fuerzas armadas puedan acceder a este derecho en igualdad de condiciones.
Asimismo, el proyecto incluye disposiciones para asegurar que las armas incautadas terminen en manos equivocadas, asegurando que su disposición quede bajo la supervisión del Comando General de las Fuerzas Militares.
