Un pastor evangélico en Medellín, Martín Emilio Vélez Correa, es señalado de perpetrar abusos sexuales contra tres menores de edad en su propia iglesia. Los presuntos hechos, que se extendieron por más de una década, entre 2007 y 2019, han sacudido la confianza de la comunidad y reabierto el debate sobre la protección de la infancia en entornos religiosos.
Según investigaciones, Vélez Correa se habría valido de su posición de autoridad espiritual para ganarse la confianza de las víctimas, adolescentes de entre 13 y 15 años, y de sus familias. Bajo la fachada de “asesorías espirituales” en la iglesia ubicada en el noroccidente de Medellín, el pastor presuntamente realizó tocamientos de índole sexual y, en algunos casos, habría accedido carnalmente a las menores. Estos actos se habrían repetido a lo largo de doce años, dejando cicatrices imborrables en la vida de las jóvenes.
La noticia de la detención del pastor generó una fuerte reacción por parte de las autoridades locales, además el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció enfáticamente a través de sus redes sociales, exigiendo “cero tolerancia con los abusadores” y asegurando que “caiga todo el peso de la ley sobre este depravado”. Gutiérrez destacó el trabajo conjunto de la Policía y la Fiscalía en la imputación de cargos contra el pastor, reafirmando el compromiso de la administración municipal con la protección de los niños y niñas.
Cargos Imputados y Negación del Acusado
Durante la audiencia judicial, un fiscal de la Seccional Medellín imputó a Martín Emilio Vélez Correa múltiples cargos por delitos sexuales agravados. Entre ellos se encuentran acceso carnal violento, sexual, abusivo con menor de 14 años. A pesar de la contundencia de las acusaciones presentadas por la Fiscalía, el pastor se declaró no culpable de todos los cargos imputados.
Tras imputarle cargos, trasladaron al pastor a un centro carcelario, donde permanecerá privado de su libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra. Sin embargo, algunas fuentes señalan información contradictoria sobre una posible decisión inicial de dejarlo en libertad, aunque el proceso legal continúa su curso.
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Este caso pone de relieve la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección infantil en todos los entornos, incluyendo las instituciones religiosas. La prolongada duración de los presuntos abusos plantea serias interrogantes sobre los controles existentes y la cultura de denuncia. Asimismo, se ha hecho un llamado a las familias para que permanezcan vigilantes y denuncien cualquier sospecha de abuso, rompiendo el silencio que a menudo encubre estos crímenes.
