La carrera política de Laura Sarabia, actual ministra de Relaciones Exteriores, enfrenta un nuevo capítulo de tensión y escrutinio público. Esta semana, la Fiscalía anunció la apertura de una indagación previa contra la funcionaria por delitos graves que incluyen presunto enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado y lavado de activos.
Pese a que el ente investigador aún no ha revelado detalles concretos sobre los hechos que motivaron la medida, se confirmó que la acción responde a una denuncia radicada por la Red de Veedurías Ciudadanas en junio de 2024. La organización ha solicitado investigar posibles irregularidades en el crecimiento patrimonial de empresas ligadas a familiares de Sarabia.
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Fuentes cercanas al proceso confirmaron que la Fiscalía ha solicitado a la Presidencia de la República información detallada sobre los ingresos, viáticos y otros beneficios recibidos por la canciller desde 2022, con especial atención a su paso por el Departamento para la Prosperidad Social. La indagación también contempla un análisis exhaustivo de sus movimientos financieros, actualmente en manos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
“Laura no tiene nada que ocultar”: Abogada de Sarabia
En respuesta, Lina Sandoval, abogada defensora de Sarabia, entregó a las autoridades los soportes patrimoniales y fiscales de su clienta, argumentando que esta indagación hace parte de una campaña sistemática de desprestigio. “Laura no tiene nada que ocultar”, afirmó, y señaló que quienes promueven estas acusaciones deberían también rendir cuentas sobre su propio patrimonio.
El presidente Gustavo Petro se refirió brevemente al caso en la red social X, asegurando que “la Fiscalía ha hecho numerosas inspecciones judiciales en Presidencia” y que “se les ha prestado todo el apoyo que piden”. El mandatario también arremetió contra el medio de comunicación El Colombiano resaltando que buscaba dividir el Gobierno.
Simultáneamente, Sarabia continúa participando en diligencias como víctima dentro del proceso por presunta violencia de género que ella misma interpuso en 2023 contra el exembajador y hoy ministro Armando Benedetti. En una reciente audiencia, su defensa presentó documentación y pruebas que, según afirman, evidencian un patrón sostenido de ataques personales y campañas de deslegitimación en su contra.
Mientras la justicia avanza en ambas líneas de investigación una como indiciada y otra como denunciante, el entorno político se polariza. La figura de Sarabia se convierte así en símbolo de una doble batalla: una por limpiar su nombre frente a serias acusaciones penales y otra por visibilizar, como mujer en el poder, los desafíos que aún enfrentan muchas figuras femeninas en la esfera pública.
