Bogotá vive un tenso episodio de seguridad penitenciaria, ya que las autoridades reubicaron a alias Pipe Tuluá, uno de los jefes más temidos del grupo criminal La Inmaculada, en una estación de Policía bajo estrictas medidas de vigilancia. La decisión busca evitar su fuga, justo cuando avanza el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.
El traslado se produjo desde la cárcel La Picota hacia una estación de Policía en Los Mártires, en el centro de Bogotá. Según fuentes oficiales, la medida fue tomada por solicitud directa de la Policía Nacional. Las autoridades consideraron que el lugar actual ofrece mayor control, infraestructura reforzada y seguridad física para un perfil de alto riesgo como el suyo.
La decisión se precipitó luego de operativos de requisa que revelaron riesgos concretos. En los registros se detectaron indicios de una posible fuga articulada desde el interior del penal. A esto se suma la violencia que ha golpeado a Tuluá tras conocerse la orden de extradición. El ambiente en esa ciudad del Valle del Cauca sigue tenso, con acciones armadas atribuidas a ‘La Inmaculada’. Todo indica que los seguidores del cabecilla buscan frenar su envío a Norteamérica.
Amenazas que escalan
Con el traslado de Alias Pipe Tuluá, comenzaron a circular panfletos anónimos. En estos, funcionarios del INPEC fueron declarados “objetivo militar” por grupos al margen de la ley. Las amenazas no se han limitado a advertencias, si no que han generado miedo interno en el sistema penitenciario. Algunas operaciones de rutina fueron suspendidas por temor a represalias. El Ministerio de Justicia confirmó que se evalúan medidas adicionales para proteger al personal carcelario.
Pese al riesgo, el Gobierno ha ratificado que no cederá frente a las intimidaciones. La Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el INPEC mantienen operativos constantes en las cárceles del país. Según las autoridades, la estrategia apunta a reafirmar el control del Estado en centros de reclusión. También se busca enviar un mensaje claro: la justicia no se detiene frente a las amenazas.
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Pipe Tuluá, cuyo nombre real aún no ha sido revelado oficialmente, tiene una condena vigente de 30 años por homicidio y extorsión. Además, enfrenta cargos en Estados Unidos por delitos similares. Su proceso de extradición continúa avanzando, y su custodia es hoy una de las máximas prioridades del sistema judicial colombiano. Las próximas semanas serán clave en su destino.
