La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) expresó este jueves 2 de octubre su rechazo absoluto a los actos de vandalismo registrados en medio de las movilizaciones en apoyo a Palestina. Las jornadas, que iniciaron como manifestaciones pacíficas, terminaron en episodios de violencia que afectaron gravemente el orden público en Bogotá, Medellín y Cali.
En la capital del país, los disturbios se concentraron en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional y la sede de la ANDI, donde encapuchados bloquearon la Carrera Séptima y atacaron un CAI de la Policía. En Medellín, manifestantes arrojaron pintura contra instalaciones privadas, mientras que en Cali se reportaron disturbios en la Universidad del Valle y un ataque con artefactos incendiarios a un establecimiento comercial.
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Galán pide al presidente Petro un pronunciamiento claro
El alcalde de Bogotá y presidente de Asocapitales, Carlos Fernando Galán, condenó los hechos violentos y exigió al Gobierno Nacional una postura firme frente a los actos de destrucción. “El país merece que el presidente se pronuncie con claridad sobre los hechos de vandalismo. No se puede permitir que unos pocos encapuchados impongan el caos y el miedo en las ciudades”, aseguró.
Galán también instó a la Fuerza Pública a actuar con decisión una vez agotadas las instancias de diálogo. Según el mandatario, la prioridad de los alcaldes es garantizar el derecho a la protesta, pero también proteger la seguridad, la movilidad y la tranquilidad de los ciudadanos. “Restablecer el orden no es una opción, es una obligación cuando se rompe la convivencia”, añadió.
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Llamado a la articulación entre Gobierno y alcaldías
Por su parte, Andrés Santamaría, director de Asocapitales, reconoció el esfuerzo de los mandatarios locales por mantener el equilibrio entre la protesta pacífica y el orden público. Sin embargo, insistió en que se requiere una mayor articulación con las entidades del Gobierno Nacional para prevenir que grupos violentos desvirtúen las manifestaciones legítimas.
La Asociación reiteró que la protesta pacífica es un derecho fundamental y un pilar democrático, pero enfatizó que los ataques contra el comercio, el empleo y el patrimonio público constituyen una amenaza directa al desarrollo y la estabilidad del país. En ese sentido, pidió al Congreso y a las altas cortes fortalecer los mecanismos legales que permitan separar claramente a los manifestantes pacíficos de quienes promueven la violencia.
