Una profunda del diario estadounidense The New York Times reveló una situación alarmante en el Bajo Cauca antioqueño. El informe detalla cómo la mina de oro denominada La Mandinga, en el municipio de Caucasia, opera bajo el control absoluto del Clan del Golfo. Lo más grave de la denuncia radica en que esta actividad ilícita se desarrolla a escasos metros de las instalaciones del Batallón Rifles 31 del Ejército Nacional. Según el reporte periodístico, la explotación incluso traspasó los límites físicos de la base militar.
Control criminal y presencia militar
El sistema de control que ejerce esta estructura criminal, también conocida como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), lleva al menos ocho años consolidado en la zona. En el predio de aproximadamente 2.000 hectáreas trabajan entre 2.000 y 2.500 mineros informales bajo las reglas del grupo armado. La investigación señala que el Clan del Golfo exige permisos para la extracción y cobra un “impuesto” mensual de 400 dólares por cada grupo de cinco mineros.
El fotoperiodista Federico Ríos documentó que las huellas de la degradación ambiental por la minería se encuentran a solo 130 metros de las instalaciones militares. Durante la reportería, el comandante del batallón, coronel Daniel Echeverry, negó inicialmente la existencia de la mina en sus terrenos. No obstante, tras un recorrido por el área, el oficial evidenció la operación ilegal y ordenó a los trabajadores retirarse del lugar. Echeverry advirtió a los mineros que se encontraban en propiedad privada del Ministerio de Defensa.
El debate en la mesa de negociación
Este hallazgo puso la mirada sobre los diálogos de paz que el Gobierno Nacional adelanta con esta organización. Álvaro Jiménez, jefe negociador del Ejecutivo, afirmó que la situación de las economías regionales en zonas como Caucasia es fundamental para la construcción de paz. Según Jiménez, este tema será abordado de forma integral en la mesa, ya que estas rentas permiten al grupo armado lavar dinero del narcotráfico.
El negociador explicó que el problema se intensificó desde los años 90, cuando el Estado dejó de ser el comprador oficial del oro. Esto permitió que grupos ilegales monopolizaran el mercado y el control de las regiones. El objetivo de la mesa es plantear una “economía de paz” que involucre a comunidades y actores económicos para transformar estos modelos ilícitos. Jiménez subrayó que no es posible construir paz en una región si no se establecen economías legítimas que reemplacen el control criminal.
Contradicciones y vacío administrativo
Tras la revelación, el Clan del Golfo emitió un comunicado negando ser propietario de la mina, aunque admitió el cobro de cuotas para brindar seguridad. Por su parte, el Ejército Nacional manifestó que ha reportado estas irregularidades a la Fiscalía desde 2022 y ha realizado múltiples operativos para destruir maquinaria. Sin embargo, la administración del predio sigue siendo un punto de controversia institucional.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) aclaró que La Mandinga no está bajo su custodia, a pesar de las versiones iniciales que sugerían lo contrario. El predio tuvo medidas cautelares en procesos de Justicia y Paz y debió pasar al Fondo para la Reparación de las Víctimas en 2020. Esta falta de claridad sobre quién administra el terreno facilitó que la minería ilegal prospere a plena vista de las autoridades.
El caso adquiere dimensiones internacionales porque parte del oro extraído ilegalmente en esta mina termina en la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. El ministro de Defensa ordenó una investigación interna para determinar si hubo omisiones por parte del personal militar. La respuesta estatal ante este escándalo será decisiva para la credibilidad de la fuerza pública y el avance de los procesos de transformación territorial.
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