El ELN anunció la realización de un cese el fuego unilateral durante la jornada de votación presidencial programada para el 31 de mayo. El grupo armad ilegal especificó los horarios exactos en los que supuestamente frenará sus hostigamientos y operaciones en el territorio nacional. El cese el fuego iniciará a las 00:00 horas del 30 de mayo y finalizará a las 00:00 horas del 2 de junio de 2026.
Según el comunicado, la instrucción a sus integrantes es detener temporalmente los ataques contra las Fuerzas Armadas.
Un reciente informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) reveló que quince departamentos registran amenazas reales de interferencia criminal. Los investigadores detectan presiones y vigilancias directas contra los ciudadanos en 722 puestos de votación de Caquetá, Guaviare, Norte de Santander, Cauca y Chocó.
El centro de estudios documentó retenciones de documentos, exigencias de certificados bajo amenaza de multas y restricciones de transporte para las campañas políticas.
En municipios como El Tarra se reportó la presencia de personas armadas cerca de los puntos de votación durante las últimas semanas. Las comunidades indígenas del Bajo Baudó, en Chocó, también denunciaron acciones de constreñimiento para direccionar la intención de voto de los electores.
Municipios en riesgo según el MOE
La Misión de Observación Electoral (MOE) coincidió con la preocupación por el deterioro del orden público y actualizó sus mapas de monitoreo crítico. La directora de la organización, Alejandra Barrios, confirmó que el censo de vulnerabilidad institucional abarca una parte considerable de la geografía del país.
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“Estamos hablando de un total de 386 municipios que concentran los mayores niveles de riesgo”, aseguró la funcionaria en declaraciones recientes. Barrios precisó que las regiones con mayores complejidades se concentran en el Cauca, Valle del Cauca, el Catatumbo y el Nordeste de Antioquia.
Ante este escenario, el MOE solicitó una revisión inmediata del Plan Democracia junto a los entes de control para evitar fraudes. “Lo principal es poder hacer esta semana una reunión de evaluación del Plan Democracia que ha venido haciendo la Procuraduría General de la Nación”, señaló.
