El Gobierno Nacional abrió una investigación contra 37 organismos de tránsito en el país por posibles fallas en las fotomultas. La Superintendencia de Transporte detectó que muchas cámaras de fotodetección operaron sin cumplir con las reglas técnicas obligatorias.
Esta situación afectaría la validez de millones de multas aplicadas en las principales ciudades, incluyendo a Cali, Bogotá y Medellín.
La investigación arrojó que varias autoridades de tránsito encendieron sus cámaras sin el certificado de desempeño que exige la ley. Este documento lo entrega el Instituto Nacional de Metrología y sirve para garantizar que los equipos midan de forma correcta.
Según el reporte, doce organismos operaron sin este papel, siete usaron permisos de terceros y dieciocho lo consiguieron tarde. Cali encabeza la lista con la mayor cantidad de fotomultas bajo la lupa, alcanzando los 2,7 millones de comparendos emitidos.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, afirmó que estos sistemas no pueden usarse para recaudar dinero por fuera de las normas legales. La funcionaria defendió el debido proceso y los derechos económicos de los conductores afectados.
Devolución de dinero y multas que quedan sin validez
El impacto para los ciudadanos es enorme debido a las millonarias sumas de dinero que están en juego. Más de 5,8 millones de comparendos que la gente aún no ha pagado tendrían que borrarse de oficio. Además, las autoridades evalúan la devolución de más de un billón de pesos a las personas que ya cancelaron estas sanciones.
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Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, aclaró que la medida busca recuperar la confianza ciudadana en las vías. Los municipios investigados podrían recibir multas que superan los dos billones de pesos si se confirman las faltas. El proceso administrativo continuará para revisar caso por caso la legalidad de los dispositivos de control vial.
