Un bombardeo militar contra la estructura Carolina Ramírez, de las disidencias que responden a alias “Iván Mordisco”, dejó como saldo la muerte de alias “Tigre” o “Pintado”, señalado como principal cabecilla de esa organización y hombre de confianza del jefe disidente. La acción se ejecutó el pasado domingo 30 de agosto en el departamento del Guaviare, dentro de la Operación Azarías.
Según el reporte oficial, difundido por el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta de X, 27 presuntos integrantes de la estructura resultaron afectados por la operación: 20 murieron durante las acciones militares, cinco fueron capturados y dos menores de edad fueron recuperados con vida.
Cómo se confirmó la identidad de “Tigre”
La identidad de alias “Tigre” fue establecida entre los cuerpos mediante una prueba dactiloscópica, según informó el Gobierno. El cabecilla ejercía control sobre corredores usados para actividades de narcotráfico y era considerado uno de los hombres más cercanos a Mordisco dentro de la estructura.
El Gobierno también confirmó la captura de alias “Víctor”, señalado como el cuarto jefe de la organización armada. En el lugar de la operación, la Fuerza Pública reportó la incautación de 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito. La cantidad exacta de munición hallada continúa en proceso de consolidación, según indicó el propio Gobierno.
El tercer bombardeo en menos de una semana
El pasado 27 de agosto, las Fuerzas Militares confirmaron un bombardeo contra las disidencias de alias “Calarcá”, en zona rural de El Retorno, Guaviare. El operativo dejó un saldo de diez personas muertas. Días después de ese segundo operativo, Medicina Legal estableció que entre las víctimas había tres menores de edad. En total, fueron identificadas cuatro mujeres y cinco hombres, tres de ellos adolescentes.
El ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, sostuvo que esos menores “eran combatientes” y afirmó que el Gobierno “observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos” durante la planeación y ejecución de esa ofensiva.
Lo que dice el Gobierno y lo que advierte la Defensoría
El presidente De La Espriella respaldó las operaciones militares y calificó a los grupos atacados como “narcoterroristas”, que según él “deben pagar” por reclutar menores como combatientes o escudos humanos. La Defensoría del Pueblo se pronunció tras el bombardeo en El Retorno.
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La entidad reiteró que el reclutamiento de menores está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario. También señaló que la responsabilidad recae en los grupos armados que ejecutan esta práctica.
Sin embargo, advirtió que los menores reclutados “siguen siendo víctimas”. Por ello, le pidió al Estado “extremar las precauciones y evaluar alternativas que permitan proteger sus vidas”. La entidad también insistió en la urgencia de reactivar la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (Ciprunna).
