La Fiscalía radicó una demanda de extinción de dominio sobre más de 400 bienes ligados a las marcas Lili Pink y Yoi. Son bienes de sociedades relacionadas con la comercialización de ropa interior femenina de esas marcas. En otras palabras, si un juez acoge la demanda, los propietarios perderían el derecho de propiedad sobre ellos. La Fiscalía sostiene que estarían vinculados con una estructura de lavado de activos provenientes del contrabando y del enriquecimiento ilícito.
Además, fiscales de la Delegada contra las Finanzas Criminales y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantaron un operativo en varias regiones del país.
Qué bienes están embargados
Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director especializado de la Fiscalía de Extinción del Derecho de Dominio, reportó que hasta el momento hay embargados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad. Después, peritos del CTI hicieron un avalúo comercial de esos bienes.
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Las diligencias de ocupación se cumplieron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia. Las medidas cautelares iniciales recayeron sobre las acciones de Fast Moda S. A. S., 40 inmuebles y ocho vehículos. Además, se decretó la toma de posesión de sus bienes y establecimientos.
Cómo habría funcionado el entramado
Según la investigación, la organización habría armado un entramado de importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. Mediante ese entramado habría ingresado al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego se distribuía en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación.
Además, empresas en Colombia y Panamá habrían sido usadas para importar de forma irregular, entre ellas Fast Moda S. A. S. Los investigadores indicaron que las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero.
Las cifras que documentó la Fiscalía
Leonardo Quevedo Castillo, director especializado de la Fiscalía contra los Delitos Fiscales, señaló que se documentó un lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, la investigación también estableció:
- Un enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos.
- Aprehensiones y decomisos de mercancía de la DIAN avaluados en más de 54.000 millones de pesos.
- Un posible contrabando que superaría los 75.000 millones de pesos.
