El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que recurrirá la decisión judicial que ordenó suspender los bombardeos en lugares donde exista información sobre la posible presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados.
La medida fue adoptada por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá dentro de una acción de tutela y establece que las Fuerzas Militares deben abstenerse de realizar este tipo de operaciones cuando tengan información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores.
Gobierno cuestiona la decisión judicial
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, rechazó la decisión y anunció que el Gobierno buscará que sea revocada. El funcionario cuestionó especialmente el alcance del criterio utilizado por el juzgado, al considerar que podría dificultar las operaciones militares contra estructuras armadas que utilizan menores dentro de sus filas.
La discusión se centra en cómo debe actuar la Fuerza Pública cuando existen menores reclutados por grupos armados en los lugares donde se planea una operación. Mientras la decisión judicial exige extremar las medidas de protección y evaluar alternativas menos lesivas, el Gobierno sostiene que los grupos ilegales no pueden utilizar a los menores como una barrera para impedir las operaciones militares.
La medida aún no es una decisión definitiva
La orden del Juzgado 34 de Familia corresponde a una medida cautelar y no representa todavía un fallo definitivo sobre la tutela. Por ahora, la restricción permanece vigente mientras avanza el proceso judicial.
El enfrentamiento entre el Gobierno y la decisión judicial se da en medio de la controversia por los recientes bombardeos contra estructuras armadas y la muerte de menores que habían sido reclutados por estos grupos. La respuesta del Ejecutivo será ahora revisada por la instancia judicial correspondiente.
