El presidente Abelardo De La Espriella sancionó la Ley 2640 del 4 de noviembre de 2026, conocida como ley de sometimiento. La Presidencia informó este jueves 5 de noviembre que la norma crea un marco jurídico para el orden público. También busca desmantelar estructuras armadas ilegales.
El texto tiene 28 páginas. Modifica, adiciona y prorroga disposiciones de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público. Además, busca que actores armados ilegales o terroristas se sometan a la Constitución y la ley. Las facultades deben ejercerse con respeto a los derechos de las víctimas, la independencia judicial y la autonomía de la Fiscalía.
Lo que cambia con la ley de sometimiento
Los procesos colectivos tendrán dos fases, según el artículo tercero. La primera es administrativa y la lidera el Gobierno Nacional. Allí, los delegados del Gobierno reciben una solicitud con datos sobre la estructura, sus integrantes, el armamento, los financiadores y los bienes. Esa etapa dura máximo tres meses y solo se prorroga una vez, con justificación.
La segunda fase es judicial. Después, las autoridades definirán las responsabilidades individuales, valorarán los aportes a la verdad y la reparación, y establecerán las consecuencias penales.
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Además, el sometimiento exige entregar todo el armamento, las municiones y los explosivos. La ley fija siete condiciones principales. Entre ellas están entregar menores reclutados y personas secuestradas, informar sobre desaparecidos y cesar toda actividad ilícita. Ocultar información de forma deliberada puede costar los beneficios.
¿Cuánto se reduce la pena?
El artículo 16 contempla una rebaja de hasta el 50% de la pena acumulada. Depende de los aportes a la verdad, la reparación y el desmantelamiento de las estructuras. Para quienes ejercieron mando, la reducción será del 30%.
Sin embargo, hay una excepción. Si alguien recluta menores después de la entrada en vigencia de la ley, la rebaja no podrá superar el 10% para los mandos. Para los demás integrantes, el tope es 30%.
Por su parte, la ley ordena programas de tránsito a la legalidad, que liderará la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). También ordena crear un programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas. El Ministerio de Justicia hará el seguimiento y presentará cada año un informe público al Congreso.
