El Congreso de la República sancionó el proyecto de ley del senador del Valle por el Partido de la U, Juan Carlos Garcés, con el que se crea el 11 de abril como el día nacional del diputado. Este busca homenajear a los 12 diputados del Valle del Cauca, secuestrados el 11 de abril de 2002 por las extintas guerrillas de las Farc. Con esta iniciativa no solo se honra la memoría de estos servidores públicos, sino de todas las personas que han dado su vida ejerciendo este cargo.
“Esta ley honra la memoria de los diputados del Valle del Cauca secuestrados y asesinados, reconoce el trabajo de todos los diputados de Colombia y envía un mensaje claro: la democracia se fortalece cuando preservamos la memoria y garantizamos que hechos como estos nunca vuelvan a repetirse”, afirmó el senador Juan Carlos Garcés.
La declaratoria del 11 de abril como Día Nacional del Diputado constituye un reconocimiento al papel que desempeñan las asambleas departamentales en la construcción de las regiones y el fortalecimiento de la institucionalidad. Al mismo tiempo, mantiene viva la memoria de quienes fueron víctimas de la violencia y promueve una cultura de respeto por la vida, el diálogo, la justicia y la no repetición. Con esta ley, el país da un paso más en la construcción de una memoria colectiva que dignifica a las víctimas, exalta el servicio de los diputados de Colombia y reafirma el compromiso de las instituciones con la paz, la democracia y la no repetición.
La trágica historia de los 12 diputados del Valle
El 11 de abril de 2002, un comando de las entonces Farc-EP ingresó a la sede de la Asamblea del Valle del Cauca, en Cali, haciéndose pasar por miembros de la Fuerza Pública que, supuestamente, iban a evacuar el edificio ante una amenaza de bomba. Mediante ese engaño, los guerrilleros secuestraron a los 12 de los 21 diputados departamentales que hacían presencia en el recinto es e día. Permanecieron en cautiverio durante más de cinco años. El secuestro se convirtió en uno de los casos más emblemáticos del conflicto armado colombiano por la forma en que fue ejecutado y por los reiterados llamados de sus familias para lograr un acuerdo humanitario que permitiera su liberación.
El 18 de junio de 2007, las Farc anunciaron que 11 de los diputados habían muerto durante un supuesto enfrentamiento con un grupo militar no identificado. Sin embargo, las investigaciones posteriores de la Fiscalía y organismos internacionales concluyeron que no existían pruebas de ese combate y que los diputados fueron asesinados mientras permanecían bajo el control de la guerrilla. El único sobreviviente fue Sigifredo López, quien recuperó la libertad en febrero de 2009 tras permanecer casi siete años secuestrado. El caso fue reconocido como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y se convirtió en un símbolo de los crímenes cometidos mediante el secuestro durante el conflicto.
En la actualidad, el caso sigue abierto en el Caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga la política de secuestros de las extintas Farc. La JEP ya concluyó la etapa de investigación sobre este caso y avanza en la determinación de responsabilidades de los máximos responsables de la antigua guerrilla, incluidos los hechos relacionados con los diputados del Valle. Paralelamente, la jurisdicción contencioso-administrativa declaró responsable al Estado por fallas en la protección de los diputados y el Consejo de Estado condenó a la Nación a reparar a sus familiares, además de ordenar medidas de satisfacción como un acto público de perdón y la construcción de un monumento en memoria de las víctimas.
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