Sobre las 10:40 de la mañana de este miércoles 29 de julio llegó la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, acompañada de su abogado, el exministro de justicia del gobierno Duque, Wilson Ruiz, a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, para radicar una denuncia contra el presidente Gustavo Petro. Los delitos de los que acusa al primer mandatario de la Nación son: peculado por aplicación oficial diferente, tráficos de influencia de servidor público, constreñimiento ilegal e injuria y Calumnia. Además, estás denuncias también fueron radicadas ante la Fiscalía General de la Nación.
Según los documentos, el presidente Gustavo Petro habría presionado a Rodríguez para nombrar a Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, en el ya liquidado Ministerio de la Igualdad sin cumplir los requisitos mínimos, cuando era directora del Departamento Administrativo de Presidencia. Así mismo, cuando dirigía el Fondo de Adaptaciones, según ella, el presidente la habría exigido trasladar cerca de un billón de pesos de la entidad al ministerio de Hacienda sin justificación económica.
El relato de Rodríguez también detalla un entorno de hostilidad y maltrato psicológico. La funcionaria asegura que, tras oponerse a las órdenes del mandatario, fue víctima de insultos y señalamientos públicos en los que se le calificó de “narcotraficante” y “paramilitar” tanto en el Palacio de Nariño como en la red social “X”. Estos hechos fundamentan cargos por injuria, calumnia y constreñimiento ilegal, agravados por presuntas intimidaciones en las que el presidente le habría recordado su pasado como miembro del movimiento M-19 para infundir temor.
Actualmente, la denunciante manifiesta ser objeto de amenazas de muerte y llamadas extorsivas por parte de estructuras criminales que buscan silenciarla. Ante este panorama de riesgo, su defensa ha solicitado a la Comisión que inicie las actuaciones de su competencia de forma inmediata para garantizar los derechos fundamentales de Rodríguez. Esta denuncia pone bajo la lupa no solo el manejo de los recursos destinados a la inversión social, sino también la ética pública y el respeto a la separación de poderes por parte del Ejecutivo.
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