El Gobierno Nacional, en cabeza de los ministros del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y de Justicia y del Derecho, Iván Alfonso Cancino, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca modificar, adicionar y prorrogar la Ley 418 de 1997, con el propósito de establecer una política estatal para garantizar el orden público y lograr una intervención territorial integral.
La iniciativa, que inicialmente se conocía como proyecto de ley de ‘Sometimiento’, plantea un marco jurídico para que integrantes de organizaciones armadas ilegales o terroristas se sometan voluntariamente a la Constitución y a la ley, desmantelen sus estructuras y abandonen las economías ilícitas.
De acuerdo con el Gobierno, la propuesta busca fortalecer las herramientas del Estado para proteger a la población civil, recuperar el control institucional de los territorios y evitar que otras organizaciones criminales ocupen los espacios que dejen los grupos desmantelados. La iniciativa contempla un trámite con mensaje de urgencia.
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¿Qué contempla el proyecto de ley de Sometimiento?
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un marco de tratamiento penal diferenciado para los integrantes de organizaciones que cumplan las condiciones establecidas en la ley. Entre los beneficios propuestos se encuentra una rebaja de hasta el 50 % de la pena acumulada por los delitos cometidos con ocasión de la pertenencia a estas estructuras, condicionada a los aportes a la verdad, la reparación de las víctimas y la contribución efectiva al desmantelamiento de la organización.
Para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo, la reducción propuesta sería del 30 %. Estos beneficios no serían automáticos: dependerían del cumplimiento de los requisitos y de la valoración de las autoridades competentes, con control judicial.
El articulado también contempla la posibilidad de cumplir medidas de aseguramiento en centros de arraigo transitorios y penas en colonias agrícolas o cárceles productivas. Además, propone condiciones para acceder a la libertad condicional y mecanismos de redención de pena por colaboración eficaz, trabajos restaurativos, erradicación de cultivos ilícitos y desminado.
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Entrega de armas, reparación a las víctimas y desmantelamiento criminal
Para acceder al tratamiento penal diferenciado, las organizaciones deberán cumplir varias condiciones. Entre ellas están la dejación de armas, la entrega de menores reclutados, la liberación de personas secuestradas y la entrega de información sobre personas desaparecidas.
También deberán cesar las actividades ilícitas, contribuir al esclarecimiento de la verdad, entregar información sobre bienes obtenidos ilegalmente y colaborar con el desmantelamiento de sus economías criminales. El incumplimiento de las condiciones podría ocasionar la pérdida de los beneficios.
La iniciativa establece, además, una estrategia de Intervención Territorial Integral, que busca articular acciones sociales, económicas, de seguridad y justicia para fortalecer la presencia estatal y promover economías legales.
El proyecto también propone crear una unidad especializada en la Fiscalía para investigar y judicializar a los integrantes de estas organizaciones, así como un programa de reparación administrativa para las víctimas.
Finalmente, la propuesta plantea que la ley tenga una vigencia de diez años. Sin embargo, estas disposiciones deberán surtir su trámite en el Congreso y podrían ser modificadas durante los debates legislativos.
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