La Policía Nacional capturó en Cali, con fines de extradición, al ciudadano colombo-estadounidense Juan Carlos Betancourt Gutiérrez, de 63 años, conocido con el alias “JuanCa”. El hombre es requerido por la Corte del Condado de Collier, en Florida, donde enfrenta 24 cargos relacionados con explotación y material de abuso sexual infantil.
La captura se produjo el sábado 12 de septiembre, en el marco de un mecanismo de cooperación judicial internacional, y fue ejecutada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), con apoyo del FBI y en articulación con la Fiscalía General de la Nación.
Un prófugo que evadió su propio juicio
Según explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL, las investigaciones del FBI y la DIJIN establecieron que Betancourt Gutiérrez huyó de Estados Unidos en septiembre de 2025. En ese momento, su proceso judicial ya se encontraba en etapa de juicio. Tras salir del país, ingresó a Colombia y se radicó en Cali.
Sobre él pesan dos órdenes judiciales vigentes en Estados Unidos. La primera corresponde a los delitos de explotación y material de abuso sexual infantil por los que debe responder ante la corte de Florida. La segunda está relacionada con el desacato procesal derivado de su inasistencia a la audiencia de juicio oral.
La operación que permitió ubicarlo en Cali
El procedimiento hizo parte de la operación “Escudo Digital”, una estrategia interinstitucional orientada a identificar personas y redes vinculadas con delitos contra niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.
De acuerdo con la Policía, desde su residencia en Cali, el capturado presuntamente continuaba usando perfiles falsos en redes sociales. Esta es una versión de las autoridades investigativas y corresponde a la etapa de investigación, no a una condena.
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Betancourt Gutiérrez quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites diplomáticos y legales para su eventual entrega a las autoridades de Estados Unidos. Será la justicia de ese país la que determine su responsabilidad penal sobre los cargos que se le atribuyen.
