El presidente Gustavo Petro anunció una medida controvertida en la que Ecopetrol, la estatal petrolera colombiana, importará gas directamente desde Qatar. A través de su cuenta de X, Petro aseguró que con esta decisión busca terminar con lo que él considera una “especulación” en los precios del gas en Colombia, donde los precios actuales se encuentran por encima de los valores internacionales.
Petro afirmó que la medida elimina el monopolio de la importación de gas, algo que, según él, está prohibido por la Constitución. El mandatario resalto que esta práctica ha generado una distorsión en el sistema de precios, con el gas colombiano siendo revendido a precios más altos que los de la importación. “Nos están robando a toda Colombia”, afirmó, aludiendo a la fórmula anterior que determinaba los precios de la electricidad en el país, basada en el gas importado.
El presidente también destacó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ya había modificado la fórmula del precio de la energía, a solicitud de su gobierno, para beneficiar a los usuarios. Según Petro, con la intervención de Ecopetrol en el mercado de gas, los precios de la energía serán más justos para la ciudadanía.
El contexto internacional: Qatar y Colombia
La decisión de Petro coincide con su visita a Qatar en febrero, donde, en compañía del emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, se firmaron acuerdos comerciales, incluida una nueva ruta aérea entre Bogotá y Doha. Durante este encuentro, se discutieron futuras alianzas energéticas entre ambos países.
Además, el presidente colombiano destacó que esta colaboración refleja el creciente nivel de relaciones entre Qatar y Colombia y la intención de aumentar la cooperación comercial. Sin embargo, la medida ha generado dudas sobre las implicaciones a largo plazo de depender de un suministro extranjero para un recurso tan vital como el gas.
Le puede interesar: 140 nuevas empresas colombianas llevaron sus productos al exterior en 2024
La controversia sobre la importación de gas desde Qatar continúa, y se espera que las investigaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos determinen si la medida logra su objetivo de frenar la especulación en el mercado local.
