El informe de Indepaz sobre los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella registra 26 masacres con 87 víctimas. El Valle del Cauca encabeza la lista, con seis hechos y 18 personas asesinadas.
Elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, el documento cubre del 7 de agosto al 15 de noviembre de 2026. Además de las masacres, reporta 45 líderes sociales asesinados y, por separado, ocho firmantes del Acuerdo de Paz. Eso sí, Indepaz pide no sumar esas cifras: unas cuentan personas, otras hechos, y una misma víctima puede aparecer en más de un indicador.
Lo que dice el informe de Indepaz sobre líderes y firmantes
Los 45 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados eran 36 hombres y nueve mujeres. Según la organización, eso equivale a un homicidio cada 2,2 días.
Por departamentos, Cauca sumó 11 casos y Antioquia, ocho. Putumayo registró cuatro, y La Guajira, Meta, Valle del Cauca y Norte de Santander, tres cada uno. Además, los liderazgos comunitarios (13) y comunales (11) reúnen 24 de los 45 casos.
En 44 de los 45 casos, el registro disponible no identifica al presunto autor. Indepaz aclara que eso no significa que no haya investigaciones, sino que muestra el límite del monitoreo público.
Por separado, el informe de Indepaz cuenta ocho firmantes de paz asesinados, todos hombres. Nariño y Cauca tuvieron dos casos cada uno, y Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander y Putumayo, uno por departamento.
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Valle y Cauca en las cifras del balance
En masacres, el Valle del Cauca lidera tanto por hechos como por víctimas: seis eventos y 18 personas asesinadas. Le siguen Antioquia y Tolima, con tres masacres cada uno, y Huila, con dos. Por víctimas, después del Valle aparecen Tolima (12), Huila (10) y Antioquia (nueve).
Indepaz define masacre como el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en estado de indefensión. Sin embargo, advierte que no es riguroso atribuir los 26 hechos a una misma organización, porque cada caso exige revisar disputas armadas, estructuras criminales y contexto local.
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El Cauca, por su parte, concentra el desplazamiento. Entre agosto y septiembre, Indepaz registró 17 eventos que afectaron a 6.667 personas, 13 de ellos masivos. En Cauca fueron 3.474 (52,1 % del total), seguido de Chocó (1.609), Antioquia (739) y Bolívar (424).
El informe relaciona esa cifra con la emergencia humanitaria de agosto en Cajibío, donde combates y ataques con drones afectaron a los corregimientos de Ortega y Chaux. Eso sí, el dato cubre solo dos meses y no el acumulado de los 100 días. Además, el 63,7 % de los desplazados estuvo afectado por combates entre grupos armados, una causa registrada para ese subconjunto y no la explicación única.
Fuerza pública, bombardeos y denuncias de ejecuciones
Indepaz recopila también cifras del Ministerio de Defensa: 43 uniformados asesinados, 219 heridos y 339 hechos clasificados como terrorismo entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre. La organización aclara que esa categoría no equivale a 339 ataques con drones, aunque advierte sobre el uso creciente de drones con explosivos, sobre todo en Cauca y el Catatumbo.
El informe documenta ocho bombardeos. Indepaz recuerda que pueden ser legales contra objetivos militares, pero deben cumplir los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, en especial por la posible presencia de menores reclutados.
Registra, además, seis denuncias que deben tratarse como presuntas ejecuciones extrajudiciales, en Bogotá, Santa Marta, La Macarena, Villa Rica, El Charco y otro caso en Meta. Son denuncias bajo seguimiento y no equivalen a sentencias.
¿Qué dice Indepaz sobre la responsabilidad del Gobierno?
Indepaz sostiene que los hechos no pueden atribuirse automáticamente a las decisiones del actual gobierno, porque responden también a dinámicas territoriales y conflictos de años atrás. Sin embargo, señala que al Estado le corresponde prevenir esas violencias y proteger a la población.
La organización advirtió que la presión por mostrar resultados militares no puede estar por encima de los derechos humanos y recordó los llamados falsos positivos. Por eso pidió a la Fiscalía y a los organismos de control investigar con prontitud, rigor e independencia las seis denuncias.
