La Corte Suprema de Justicia avanzó este miércoles en una de las investigaciones más sensibles de los últimos años al ordenar la captura de dos de los congresistas más visibles del país; se trata de el expresidente del Senado Iván Name y el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle. Ambos son señalados de haber recibido millonarias sumas a cambio de influir en decisiones del Congreso, en el marco del escándalo por corrupción en la Ungrd.
Según el alto tribunal, existen pruebas contundentes que vinculan a los legisladores con delitos de cohecho y peculado, derivados de su presunta participación en el desvío de fondos públicos asignados para la atención de desastres. El caso comenzó a gestarse en julio de 2023, cuando la Fiscalía envió a la Corte una compulsa de copias en la que se mencionaban a varios funcionarios y congresistas como posibles implicados.
Las investigaciones han revelado que, supuestamente, Name habría recibido hasta 3.000 millones de pesos a cambio de ajustar el orden del día del Senado para beneficiar intereses del Gobierno. A esto se suman conversaciones de WhatsApp, aportadas por Sandra Ortiz exconsejera presidencial y ya condenada en este mismo caso, que mostrarían contactos y acuerdos previos entre ella y el congresista.
Name y Calle continúan sin aceptar responsabilidad del caso
Aunque ni Name ni Calle han aceptado responsabilidad, la ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán, presentada ante la Sala de Instrucción, incluye solicitud de medida de aseguramiento para ambos. El pronunciamiento final está ahora en manos de la Sala Plena de la Corte, que deberá decidir si ratifica las capturas.
En medio del debate judicial, Iván Name se despidió simbólicamente del Congreso en una intervención en la que, sin negar las acusaciones de forma directa, aseguró que enfrentará lo que venga con dignidad. “No sé si esta sea mi despedida… pero debo decirle al Congreso que me siento orgulloso de haber presidido este Senado”, afirmó.
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El escándalo de la Ungrd ya ha dejado otros implicados. Además de Ortiz, también fue condenado Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres. Las investigaciones siguen activas y otras figuras políticas están bajo la lupa, incluyendo a congresistas y exfuncionarios que podrían ser llamados en los próximos días por la Corte Suprema o la Fiscalía.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, se ha desmarcado públicamente del caso, asegurando que nunca existió afinidad política ni pactos con Name. “Es mi enemigo político”, aseguró el mandatario, al referirse al senador.
Este episodio reabre el debate sobre la transparencia y el uso de los recursos públicos en Colombia, y pone nuevamente al Congreso en el ojo del huracán judicial.
