El candidato presidencial de ultraderecha, Abelardo De La Espriella, y la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué, rechazaron el presunto abuso sexual contra un niño de siete años por parte de Grant Gail, un extranjero oriundo de Texas (Estados Unidos). El caso, ocurrido el pasado 14 de junio en la localidad de Usaquén, en Bogotá, encendió las alarmas.
“Desde el día uno de mi gobierno implementaré controles migratorios reales y efectivos para que depredadores extranjeros jamás pisen nuestro territorio”, dijo De La Espriella. El candidato trajo otra vez a colación su propuesta de implementar una cadena perpetua para abusadores de menores de edad. Cabe aclarar que la cadena perpetua es inconstitucional en Colombia, por lo que implicaría impulsar una reforma a la Constitución.
Por otro lado, Quilcué exigió una investigación transparente y rigurosa. “Los niños y las niñas merecen crecer libres de violencia y con todas las garantías de sus derechos”, aseguró. La Procuraduría confirmó que en el edificio donde fue captado el presunto agresor, también habían otros dos menores. Los tres niños estaban bajo proceso de adopción por parte del presunto agresor y su pareja, también de nacionalidad estadounidense. Según informó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el caso se está investigando y está bajo reserva legal.
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Lo que se sabe del caso, hasta ahora
La Procuraduría, a través de su delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, confirmó que los tres menores de 4, 7 y 15 años estarían en proceso de adopción por parte de una pareja de ciudadanos estadounidenses. El Ministerio Público tiene a cargo las diligencias para verificar si se cumplieron los protocolos y mecanismos de seguimiento por parte de las Instituciones Autorizadas para la Atención y Protección (Iapas).
Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) se pronunció y aseguró que, por tratarse de un proceso relacionado con menores de edad, el caso está bajo reserva establecida en el Código de Infancia y Adolescencia. También pidió a los medios de comunicación y ciudadanía en general, tratar con cautela el material que se ha difundido en redes sociales para prevenir la revictimización de los menores y garantizar su integridad.
“En visita a los niños del rescate realizado por la policía de infancia, se encuentra que el proceso está siendo adelantado en rigor y con presencia de la Procuraduría, esperamos el reporte oficial del ente de salud y de medicina legal”, aseguró Astrid Cáceres, directora del Icbf. La funcionaria aseguró que “ningún adulto debe abusar de un niño o niña y el reporte ciudadano es fundamental para actuar a tiempo”.
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