Una fiscal citó al expresidente Álvaro Uribe Vélez para que rinda una declaración oficial dentro de una investigación en su contra. La justicia tomó esta decisión al relacionarlo con los presuntos delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y conformación de grupos paramilitares.
La justicia investiga hechos ocurridos en los años noventa, durante la gobernación de Uribe en Antioquia. El proceso penal reúne las violentas incursiones de los paramilitares en las poblaciones de La Granja y El Aro, en Ituango.
En estas acciones delictivas perdieron la vida varios campesinos y decenas de viviendas terminaron incineradas por estructuras al mando de Carlos Castaño.
Asimismo, el ente acusador indaga la presunta conformación de redes armadas ilegales en la hacienda Guacharacas, antigua propiedad de la familia Uribe Vélez.
El expediente también incluye el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, registrado en Medellín en 1998. Valle había denunciado públicamente una supuesta omisión institucional frente a las alertas de violencia en la región afectada.
Debido a que las denuncias corresponden a esa época, el trámite judicial se rige bajo las normas de la Ley 600. Esto implica que la Fiscalía General vincula formalmente al procesado al hallar indicios serios para escuchar sus descargos jurídicos.
Reacción del expresidente
Álvaro Uribe Vélez rechazó la notificación enviada por la fiscal tercera delegada, Marcela Abadía. Calificó la decisión como una clara persecución judicial y una trama electoral. El exmandatario cuestionó la imparcialidad de la funcionaria y criticó que se emita la citación a pocos días de la segunda vuelta presidencial.
“La señora Fiscal, ex integrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme”, expresó.
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Uribe argumentó que siempre han buscado responsabilizarlo por hechos ajenos y recordó anomalías vividas en su anterior juicio por presunta compra de testigos.
De igual forma, cuestionó los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre el caso y comparó las cifras de masacres registradas en el actual Gobierno.
