Tres de las cuatro mujeres que denunciaron al expresentador de Noticias Caracol Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual pidieron a la Fiscalía que no las obligue a participar como víctimas en el proceso penal que se adelanta contra el periodista. Vargas fue imputado el 4 de agosto por el delito de acoso sexual.
El pronunciamiento, firmado por los abogados de las tres mujeres y puesto también en conocimiento de la jueza del caso, señala que fueron incluidas en el proceso en contra de su voluntad. Según indicaron, desde el principio decidieron no presentar ninguna denuncia penal contra Vargas.
“No se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar”, señalaron en el documento. Las denunciantes explicaron que, tras las denuncias internas ante Caracol Televisión, la compañía ya había tomado decisiones que, a su juicio, les dieron verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición.
¿Por qué terminaron vinculadas al proceso?
De acuerdo con las mujeres, desde que el caso llegó a la Fiscalía, funcionarios del ente investigador insistieron en contactarlas mediante llamadas, correos y mensajes de WhatsApp para vincularlas al proceso penal. Pese a su negativa reiterada, señalaron que conocieron que delitos como el acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo deben investigarse de oficio, es decir, sin que medie una denuncia formal de la víctima.
Las denunciantes aclararon que su decisión no representa un cambio de versión ni una retractación, y que no desvirtúa que los hechos que consideran abusivos contra su libertad sexual ocurrieron. Su objetivo, señalaron, es proteger su intimidad, su salud mental y su proyecto de vida, y evitar estigmatización.
Cuestionamientos también al Ministerio del Trabajo
El comunicado incluye críticas al Ministerio del Trabajo por su manejo del caso durante las inspecciones realizadas al medio de comunicación. Según las mujeres, esa cartera exigió que se le entregaran las denuncias internas de acoso, pese a que el área de Gestión Humana de la empresa había señalado que esa información estaba bajo reserva. Posteriormente, la Fiscalía emitió una orden judicial para obtener copia de esas denuncias.
Las denunciantes invocaron el artículo 11 de la Ley 906 de 2004, que establece los derechos de las víctimas a un trato humano y digno y a la protección de su intimidad y seguridad.
La lectura de un abogado penalista
El abogado Fabio Humar cuestionó, en diálogo con Caracol Radio, el manejo que las autoridades le han dado al caso. Señaló que citar a personas que nunca presentaron una denuncia refleja un mal manejo del Estado. Según dijo, esa actuación compromete tanto a la Fiscalía como al Ministerio del Trabajo.
Humar advirtió que el proceso debe avanzar para confirmar o desvirtuar la denuncia. Explicó que, cuando una denuncia resulta falsa, el daño recae sobre las víctimas reales. Además, dijo que esos casos quedan bajo un manto de duda ante la sociedad.
Un cuarto testimonio, a través de otra organización
Horas después del primer pronunciamiento, la organización El Veinte, que representa a la cuarta mujer que denunció el presunto acoso, difundió un comunicado en el mismo sentido. Según indicó, esa víctima tampoco presentó denuncia penal y fue citada a la audiencia de imputación sin su consentimiento.
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La mujer, cuya identidad se mantiene reservada, aseguró que la decisión judicial de revelar su nombre se tomó sin enfoque de género. Añadió que mantener en reserva su identidad es una medida para evitar la revictimización. Aclaró que esa protección no significa que renuncie a que se haga justicia.
Las cuatro mujeres coincidieron en que su prioridad no es el proceso penal, sino su recuperación personal. Además, pidieron a la Fiscalía respetar su decisión de no constituirse como víctimas procesales.
