El Ministerio del Interior publicó un borrador de decreto que modifica cómo deben actuar las autoridades en las protestas sociales en Colombia. La propuesta del gobierno de Abelardo De La Espriella permitiría intervenir de inmediato ante actos violentos, sin tener que agotar primero el diálogo.
El texto, que todavía no está vigente, cambia el Decreto 003 de 2021, la norma que hoy fija las reglas para proteger la protesta pacífica y controlar el uso de la fuerza. Según Semana, la ciudadanía puede enviar comentarios hasta el 4 de octubre.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, lo resumió así: “Ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye”.
El diálogo seguiría siendo la regla, pero con excepciones
Para entender el cambio, hay que saber cómo funciona hoy. El decreto vigente da prioridad al diálogo antes de cualquier intervención policial.
El borrador mantiene esa idea, pero aclara que el diálogo no impide actuar “inmediatamente contra quienes estén cometiendo actos violentos”. Se podría actuar al mismo tiempo que se dialoga cuando desde el principio haya armas, explosivos o personas retenidas.
El texto también enumera situaciones que pondrían fin a la etapa de diálogo:
- Bloquear el paso de ambulancias o misiones médicas.
- Causar desabastecimiento.
- Usar armas.
- Agredir a funcionarios o periodistas.
- Destruir infraestructura.
Cinco niveles de actuación
El borrador organiza la respuesta de las autoridades en cinco niveles: facilitación y prevención, diálogo directo, mediación, disuasión y, como último paso, la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), la antigua Esmad.
La Policía que acompañe las marchas tendría que estar a “cuatro metros” de distancia. El texto también dice que bloquear vías no convierte, por sí solo, una marcha en violenta.
Además, propone equilibrar el derecho a protestar con otros derechos, como la salud, el trabajo, la educación y la movilidad. Para eso, pide dejar libres corredores para ambulancias e identificar desde antes la infraestructura crítica.
Lo que no cambiaría con el nuevo decreto
Hay puntos que se quedan igual. Las marchas se seguirán considerando pacíficas por defecto y no necesitarán permiso previo. La Policía seguirá sin poder usar armas de fuego, las Fuerzas Militares no podrán intervenir y se mantiene la prohibición de estigmatizar a quienes protestan.
Lea también: ¿Cuántos van? Gobierno De La Espriella llega a 105 extradiciones en 53 días
El borrador también suma obligaciones. Los Puestos de Mando Unificado (PMU) tendrían que publicar un balance de los daños en 72 horas. Además, alcaldes y gobernadores tendrían un plazo máximo de tres meses para explicar en público los casos de heridos o muertos por el uso de la fuerza.
Lo siguiente será el cierre del periodo de comentarios. Después, el Gobierno decidirá si ajusta el texto antes de firmarlo.
