El Gobierno Nacional, el Inpec y las Fuerzas Militares avanzan en la evaluación de una estrategia para usar buques de la Armada como centros de reclusión de alta seguridad. La iniciativa, bautizada Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), busca aislar a cabecillas de organizaciones criminales que continúan delinquiendo desde prisión.
Según fuentes del Ministerio de Justicia consultadas por El Espectador, los ministerios de Defensa y Justicia trabajan en un decreto que permitiría trasladar a estos presos hacia fragatas adaptadas como establecimientos carcelarios. El plan cuenta con el visto bueno del presidente Abelardo De la Espriella.
No es la primera vez que Colombia recurre a esta medida
La estrategia tiene un antecedente concreto. En 2007, el gobierno de Álvaro Uribe trasladó a Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar. El traslado fue desde la cárcel de Itagüí hacia una fragata de la Armada en el Caribe. La medida se tomó luego de que empezara a apartarse del acuerdo de paz de Ralito.
Meses después, tras su captura, Diego Fernando Montoya, alias “Don Diego”, jefe del Cartel del Norte del Valle, fue recluido en un buque de la Armada en el Pacífico. En ambos casos, el objetivo era cortar las comunicaciones de los capos con sus estructuras.
El origen del plan: un Consejo de Seguridad en Barranquilla
La propuesta se discutió durante un Consejo de Seguridad realizado el domingo 23 de agosto en Barranquilla, encabezado por el presidente De la Espriella junto al ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Mora, autoridades departamentales y municipales y comandantes de la fuerza pública.
“Aquí iniciamos, a partir de hoy, un plan de choque donde de manera articulada toda la institucionalidad nos vamos a comprometer a recuperar a Barranquilla y su área metropolitana”, afirmó el ministro Mora.
Ese mismo consejo definió otras medidas para el Atlántico, entre ellas, el envío de 50 hombres de Fuerzas Especiales del Ejército y 60 uniformados adicionales para reforzar corredores estratégicos de movilidad, además de destinar parte de los 2.000 nuevos policías graduados en investigación criminal e inteligencia a la región.
Un plan que todavía no tiene ubicación ni fecha definida
Por ahora, el Gobierno no ha precisado dónde operaría el eventual buque cárcel, cuál sería su capacidad ni bajo qué condiciones funcionaría. Según El Espectador, la lista de los primeros 40 internos que serían trasladados ya estaría en manos de funcionarios del Ejecutivo, aunque este dato no ha sido confirmado por las otras fuentes consultadas.
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El plan también contempla otro frente, que es el control de las comunicaciones ilícitas desde las cárceles. El Gobierno anunció que trasladará la operación de los sistemas inhibidores de señal a la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los operadores de telefonía móvil.
