Dos de los principales cabecillas de la banda criminal Los Pepes, que opera en Barranquilla y el departamento del Atlántico, enviaron una carta al Gobierno de Abelardo De La Espriella en la que anunciaron el cese unilateral de sus actividades delictivas y solicitaron abrir una ruta de sometimiento a la justicia.
La comunicación, fechada el 1 de septiembre de 2026 y conocida este 2 de septiembre, está firmada por Digno José Palomino Rodríguez y Aldair Enrique Montenegro Mejía, quienes permanecen privados de la libertad en el Centro Penitenciario y Carcelario de Picaleña, en Ibagué. Las autoridades señalan a Los Pepes como responsables de homicidios, extorsiones y venta de drogas en varios puntos del Atlántico.
Qué ofrecen Palomino y Montenegro
En el documento, los dos hombres manifestaron su disposición a cesar “unilateralmente cualquier participación, promoción, coordinación, financiación, orden, apoyo o colaboración” relacionada con extorsiones, homicidios, amenazas u otras conductas delictivas vinculadas a la estructura.
También ofrecieron entregar información sobre el funcionamiento interno de la organización. Según la carta, buscan contribuir “al esclarecimiento de la verdad histórica sobre la violencia que ha afectado a Barranquilla y al Atlántico”, en particular sobre la dinámica, los integrantes y las consecuencias de la actividad de Los Pepes.
Esa colaboración, precisaron, debería producirse de manera “seria y verificable” ante las autoridades competentes, con el propósito de que las víctimas conozcan las circunstancias que permitieron la consolidación de la estructura.
La petición al Gobierno
También piden que el presidente De La Espriella y las autoridades competentes estudien los mecanismos jurídicos que permitirían materializar el sometimiento a la justicia, dentro del marco constitucional y legal vigente.
Los firmantes insistieron en que la iniciativa no pretende evadir las responsabilidades penales que les correspondan. “Parte del reconocimiento de que solamente mediante la comparecencia ante las instituciones, la verdad, la reparación a las víctimas y el abandono definitivo de la criminalidad será posible construir una salida duradera”, señalaron en el documento.
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Sobre la reparación, plantearon que no debería limitarse a lo económico, sino incluir el reconocimiento de las víctimas y medidas para evitar que hechos similares se repitan.
