La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a cuatro personas señaladas de direccionar la contratación de la Caja de Compensación Familiar de Nariño, Comfamiliar, mediante licitaciones públicas simuladas. Según el ente investigador, la red habría suscrito ocho contratos por $9.804.893.500 entre octubre de 2025 y mayo de 2026.
De ese monto, se desembolsaron anticipos por $2.942.368.050, equivalentes al 30 % del valor total contratado. Dos de los procesados devolvieron cerca de $1.552 millones de esos recursos, de acuerdo con reportes de medios regionales que han seguido el caso.
A una de las imputadas se identificó como Olga Alicia Vásquez Martínez, subdirectora de servicios de la entidad. Además de Diana Marcela Salazar Quelal, Rosa Milena Lagos Medicis y Edgar Alonso Insandará. Una jueza de control de garantías les impuso medida de aseguramiento: Vásquez Martínez quedó en centro carcelario, mientras que los otros tres procesados cumplirán detención en su lugar de residencia.
Así habría funcionado el direccionamiento
De acuerdo con la Fiscalía, el grupo abría procesos de licitación pública que aparentaban pluralidad de oferentes, pero cuyo resultado ya estaba decidido. Las empresas preseleccionadas recibían información privilegiada sobre los documentos exigidos, ganaban los contratos sin competencia real, cobraban comisiones sobre los anticipos entregados y luego presentaban cuentas con sobrecostos para inflar el valor final de lo contratado.
La investigación estuvo a cargo de un fiscal de la Seccional Nariño, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI. Las autoridades sustentaron el caso en auditorías forenses, inspecciones contables e interceptaciones que, según explicó la Fiscalía, permitieron reconstruir el esquema.
Los roles que le atribuye la Fiscalía a cada procesado
El ente acusador señaló que Vásquez Martínez, en su calidad de subdirectora de servicios, habría sido la encargada de direccionar la contratación al interior de la entidad. Por su parte, Salazar Quelal y Lagos Medicis habrían facilitado a las empresas previamente acordadas información específica sobre los documentos que debían presentar para asegurar la adjudicación.
A los cuatro procesados los imputaron. No obstante, se trata de la imputación de cargos, no de una condena; los señalados mantienen la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
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