La Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró los esquemas de seguridad a un amplio grupo de exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, según una lista conocida por la revista Semana. La medida cobija a varios exministros, exdirectores de entidades y personas cercanas a la administración anterior.
Entre los nombres que aparecen están el exministro de Igualdad, Luis Alfredo Acosta; la exministra de Ciencia, Yesenia Olaya; el exministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Además de la exministra de Comercio, Diana Morales; el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; el exministro de Hacienda, Germán Ávila; la excanciller Rosa Yolanda Villavicencio, y el exministro del Interior, Armando Benedetti.
También figuran el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, el exministro de Minas Edwin Palma, la exministra de las TIC Yeimi Carina Murcia, el exalto comisionado para la Paz Otty Patiño.
Por otra parte, el exdirector de Inteligencia Jorge Lemus, el exsuperintendente de Salud Daniel Quintero, la expresidenta de la junta de Ecopetrol Ángela María Robledo y el expresidente de Colpensiones Jaime Dussán.
La medida se extendió, además, a personas por fuera del gabinete: Pilar Rueda, esposa del excandidato presidencial Iván Cepeda y funcionaria de la JEP; el exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo; Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, hija de la excandidata vicepresidencial Aida Quilcué, y el activista Daniel Mendoza, creador de la serie Matarife.
Una revisión que viene desde finales de agosto
Esta decisión no es aislada. Desde finales de agosto, la UNP en cabeza de Didier Blanco, viene revisando los esquemas de seguridad asignados a exfuncionarios del gobierno Petro. Ese proceso ya había derivado en el retiro de la protección a personas cercanas al expresidente que no ocupaban cargos oficiales, como el youtuber Levy Rincón, Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y el influenciador Beto Coral.
Lo que dicen quienes han sido afectados
La revisión de esquemas ha generado cuestionamientos desde su etapa inicial. Antes de que se conociera esta lista ampliada, la exministra de Ciencia, Yesenia Olaya, calificó el proceso de “perfilamiento” y advirtió que dejar sin protección a exfuncionarios podría exponerlos ante posibles adversarios.
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La UNP, por su parte, ha sustentado la revisión en estudios de seguridad orientados a establecer si existen amenazas concretas que justifiquen mantener escoltas, vehículos blindados u otras medidas, y no en el cargo que la persona ocupó en su momento.
El telón de fondo: los riesgos de seguridad bajo la lupa
La discusión sobre estos esquemas se da en un contexto en el que, según cifras conocidas recientemente, entre agosto de 2022 y junio de 2026 se registraron 313 incidentes de seguridad contra personas protegidas por la UNP, de los cuales 276 correspondieron a atentados.
