Un informe interno de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) apunta a un presunto espionaje a expresidentes. Según el documento, la entidad habría planeado instalar micrófonos y GPS en los vehículos de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes. El señalamiento no ha sido confirmado ni respondido por los mencionados.
Se trata de un “informe de empalme” de 26 páginas, fechado en julio de 2026 y dirigido al director entrante de la entidad. Está marcado como reservado y de distribución controlada, y atribuye el dato a una fuente humana.
El decreto detrás del presunto espionaje a expresidentes
El informe lo relaciona con el decreto 0563 del 3 de junio de 2026, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial. La norma sumó a la DNI a las entidades que participan en la asignación de vehículos de los esquemas de exmandatarios, junto con Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía y la Unidad Nacional de Protección.
Para el documento, ese cambio tendría un propósito: el control de inteligencia sobre los protegidos. Argumenta que una entidad de inteligencia no tiene razón técnica para asignar vehículos de protección, a menos que busque eso.
Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, dijo que es difícil demostrar la intención, pero que la entidad estaría “obrando por fuera del marco de competencias”. Por ahora, las fuentes conocidas no precisan si los dispositivos llegaron a instalarse.
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Además, el informe incluye otros señalamientos, como la compra de un dron por 9.000 millones de pesos que califica de sobrevalorado y que está en proceso sancionatorio por incumplimientos técnicos.
¿Qué falta por aclarar?
Los expresidentes consultados no quisieron referirse al tema. Tampoco respondieron los dos últimos directores de la DNI del gobierno Petro ni la fiscal general, Luz Adriana Camargo, a quien se buscó por medio de su oficina de prensa.
Mientras tanto, el Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, pidió en un comunicado “respuestas e investigaciones a fondo” y sostuvo que entidades del Estado habrían servido a la persecución política.
