El Gobierno saliente de Gustavo Petro hará su último intento con los proyectos de ley y reformas que se hundieron en el legislativo pasado y otros nuevos con los que buscará frenar varias iniciativas del presidente electo, Abelardo De La Espriella. Desde el ejecutivo, varios ministros parecen ser optimistas y creen que prosperarán las iniciativas. Sin embargo, aunque el Pacto Histórico es el partido mayoritario en ambas cámaras, tendrá que remar contra corriente y buscar alianzas en un Congreso que parece estar en mayorías con el nuevo presidente.
El martes 21 de julio el gabinete presidencial, en cabeza del ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó un grueso de ocho proyectos de ley que hacen parte de las banderas con las que se hizo elegir Gustavo Petro. Dentro de ellas están nuevamente la jurisdicción agraria, la reforma a la salud, la ley contra el fracking y la reforma tributaria, que buscarán una nueva oportunidad. Como nuevas iniciativas están la ley de gestión comunitaria del agua, la ley para la regulación ética de la inteligencia artificial, la educación superior como un derecho fundamental y el estatuto del trabajo y salario vital.
Estos proyectos representan un intento del gobierno saliente de dejar planteada su agenda legislativa antes de concluir su mandato y salvar algunas de las principales banderas de su programa de gobierno. Con iniciativas como la tributaria busca recaudar cerca de $22 billones de pesos, para reducir el déficit fiscal y salvar programas sociales que nacieron en esta administración. Además, es una respuesta a la propuesta del próximo gobierno, que pretende eliminar entidades y reducir gastos del Estado para evitar dicha reforma.
Estas son los ocho proyectos de ley que presentó el gobierno saliente de Gustavo Petro:
—Reforma Tributaria
Es la cuarta que se ha presentado ante el Congreso en lo que va del actual Gobierno Nacional. La primera fue en 2022 y se aprobó con el propósito de recaudar cerca $20 billones de pesos anuales y gravó a personas de mayores ingresos, sectores extractivistas y creando impuestos saludables. El año pasado se hizo el primer intento con la actual reforma, pero se archivó. A inicios de este 2026 volvió a intentarlo pero nuevamente fue archivada.
Ante la negativa del legislativo, el Gobierno Nacional respondió con una serie de decretos y la declaración de una emergencia económica en diciembre del año pasado. Con esto buscaba obtener cerca de $11 billones de pesos, imponiendo un iva del 19% a los juegos de azar y a la venta de algunos licores. Pero en abril de este año la Corte Constitucional los tumbó.
Ahora, faltando menos de un mes para que se acabe el mandato, el ministro de Hacienda, Germán Ávila volvió a presentar el mismo proyecto de ley, para recaudar casi $22 billones de pesos y así salvar varios programas y entidades cerdas en estos cuatro años. De lograrse, el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella no tendría que reducir el Estado, como lo prometió en campaña. Sin embargo, la nueva administración ha dicho que propondrá realizar una contra reforma, justamente para reducir y eliminar impuestos.
Esta reforma tributaria buscar recaudar dinero mediante una combinación de nuevos impuestos, eliminación de beneficios tributarios y medidas para combatir la evasión. Dentro de sus principales propuestas está el aumentar los impuestos a personas naturales de altos ingresos; incrementar la tributación para algunos sectores empresariales con mayores utilidades o rentas extraordinarias; crear nuevos gravámenes ambientales, dirigidos a actividades altamente contaminantes y a la extracción de combustibles fósiles; ampliar y ajustar los tributos de las bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados y otros bienes con efectos negativos en la salud pública; y fortalecer la lucha contra la evasión fiscal, otorgando mayores facultades a la DIAN.
—Reforma a la salud
Va por su tercer intento. En 2023 prosperó en la Cámara de representantes, pero en abril de 2024 la Comisión Séptima del Senado se hundió con ocho senadores en contra de esta. Ese mismo año se volvió a radicar, pero a finales del año pasado nuevamente la Comisión Séptima del Senado la volvió a archivar.
Este proyecto de ley es uno de los pilares y promesas de campaña de Gustavo Petro, por lo que el Gobierno Nacional buscará seguir dando la pelea a pesar de ya estar de salida. Nuevamente y por tercera vez fue radicada y se espera que con el nuevo Congreso salga a flote.
También establece que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) sea la encargada de administrar los recursos del sistema y girar directamente el dinero a hospitales, clínicas y demás prestadores, reduciendo el papel financiero de las EPS.
Con esto, las EPS dejarían de administrar el dinero de la salud y se desempeñarán únicamente en la atención a las personas. Además también se busca fortalecer la atención primaria en salud, mediante la creación y ampliación de los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), que serían la apertura a un enfoque de salud preventiva y territorial.
El Gobierno Nacional sostiene que el objetivo es priorizar la promoción de la salud y prevenir enfermedades, mejorar el acceso en zonas rurales y reducir las barreras para los usuarios. Sin embargo, sus críticos en el Congreso advierten que, aunque la iniciativa es buena, el documento crea varios problemas como la desfinanciación a enfermedades graves y huérfanas.
—Jurisdicción agraria
Fue impulsada por el Gobierno Petro en dos frentes legislativos. El primero fue en la reforma constitucional que creó esta jurisdicción especial dentro de la Rama Judicial, aprobada por el Congreso en 2023. Con esto se dio cumplimiento a uno de los compromisos que tenía el Estado en los acuerdos de paz de 2016. Posteriormente se presentó la ley estatutaria y la ley ordinaria, necesarias para poner en funcionamiento la nueva jurisdicción. Sin embargo, se quedó en los últimos debates de las plenarias de Senado y Cámara del anterior legislativo.
Ahora nuevamente volverá a iniciar su trámite por el Congreso y deberá pasar por las comisiones y las plenarias de ambas cámaras. Sin embargo, puede demorarse ya que es muy probable que el nuevo ejecutivo no le dé el carácter de urgencia que sí le dio el gobierno saliente, por lo que su proceso será lento y probablemente pueda volver a hundirse.
Este proyecto, como se mencionó antes, busca cumplir con una de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional en la firma del acuerdo de paz con las extintas Farc. La iniciativa busca crear un sistema judicial especializado para resolver los conflictos relacionados con la propiedad, posesión, uso, tenencia y acceso a la tierra de las zonas rurales. La idea es crear jueces y tribunales agrarios con competencia exclusiva para conocer las disputas sobre predios rurales, formalización de la propiedad, restitución de derechos, servidumbres, conflictos entre campesinos y otros asuntos agrarios.
—Ley contra el fracking
Ha sido una de las iniciativas más reiteradas del gobierno Petro. Desde su posesión en 2022 se ha radicado cinco veces en el Congreso de la República, una en cada legislatura. En algunas ocasiones logró pasar del primer debate, pero se hundía por falta de tiempo o de votos. Esta, la quinta y la última oportunidad, se espera que el nuevo legislativo la haga prosperar y así contrarrestar una de las propuestas de campaña de Abelardo De La Espriella; permitir el fracking.
Este proyecto propone prohibir de manera definitiva la exportación y explotación de yacimientos no convencionales en Colombia, mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking), así como otros métodos no convencionales para la extracción de hidrocarburos. De llegar a ser aprobada, se impediría la celebración de nuevos contratos para desarrollar estos proyectos y consolidar una iniciativa de proteger los recursos hídricos, los ecosistemas y avanzar en la transición energética hacia fuentes renovables.
—Ley de gestión comunitaria del agua
Es una nueva iniciativa con la que el gobierno saliente pretende dejar un legado. Este proyecto establece un marco jurídico para los acueductos comunitarios y las organizaciones sociales que gestionan agua. Plantea reconocerlos como actores fundamentales en la administración, conservación y distribución del recurso hídrico. Además busca fortalecer las organizaciones mediante apoyo técnico, financiero e institucional, promover su participación en la planificación y gobernanza del agua y garantizar que puedan prestar el servicio bajo criterios de sostenibilidad ambiental, calidad y acceso equitativo para las comunidades.
—Regulación ética de la inteligencia artificial
Este nuevo proyecto busca establecer un marco legal para el desarrollo, implementación y uso de los sistemas de inteligencia artificial en Colombia, con énfasis en protección de los derechos fundamentales. Esta iniciativa propone principios como la transacción, la supervisión humana, la rendición de cuentas, la no discriminación y la protección de datos personales. Además, plantea clasificar los sistemas de IA según su nivel de riesgo, establecer obligaciones para desarrolladores y proveedores de estas tecnologías y fijar reglas para su utilización en sectores como la administración pública, la salud, la educación y la justicia.
—La educación superior como derecho fundamental
Durante este gobierno se impulsaron reformas a la financiación de las universidades públicas y a la ley 30 de 1992. Sin embargo, esta es la primera vez que se presenta un proyecto para reconocer expresamente la educación superior como un derecho fundamental. De ser aprobada esta iniciativa, la educación superior dejará de ser un servicio público únicamente y adquirirá el carácter de derecho fundamental, que obligaría al Estado a garantizar progresivamente su acceso, permanencia y culminación en condiciones de igualdad.
—Estatuto del trabajo y salario vital
Es distinta a la reforma laboral que impulsó el Gobierno Nacional. Esta iniciativa busca desarrollar el artículo 53 de la Constitución, que desde 1991 ordena la expedición de un Estatuto del Trabajo, pero que nunca ha sido aprobado por el Congreso. El proyecto establece un marco de principios para las relaciones laborales en Colombia e incorpora el concepto de salario vital y móvil, entendido como una remuneración suficiente para que los trabajadores y sus familias puedan satisfacer sus necesidades básicas y mantener una vida digna.
Siga con nosotros: Así quedan repartidas las 13 curules del Valle en las comisiones de Cámara
