El Gobierno nacional designó al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, como ministro de Ambiente ad hoc para atender los asuntos relacionados con la delimitación del páramo de Santurbán. La decisión quedó establecida en el Decreto 1407 de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella.
Dangond asume esta función después de que el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, quedara impedido para tomar decisiones sobre Santurbán. El Consejo de Ministros aceptó, el pasado 10 de septiembre, una recusación presentada por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, que consideró que las actuaciones de Arjona mostraban una “abierta parcialidad” hacia la empresa Aris Mining y su proyecto minero Soto Norte.
Con el impedimento, Arjona quedó por fuera de las decisiones sobre la delimitación del complejo de páramos Jurisdicciones Santurbán-Berlín, la zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en el costado occidental del macizo y la reserva definitiva de la microcuenca de la quebrada La Baja.
Qué queda en manos del nuevo encargado
Como ministro ad hoc, Dangond tendrá a su cargo las acciones y trámites administrativos para avanzar en la delimitación progresiva del páramo, un proceso que involucra a los municipios de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y a la ciudad de Bucaramanga. Según reveló El Tiempo, también será responsable de los trámites de una zona de reserva temporal de 75.000 hectáreas ubicada fuera de Santurbán.
Se trata de un proceso que, según las comunidades de Soto Norte consultadas por ese medio, permanece inconcluso nueve años después de la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó actualizar la delimitación del páramo.
Dos versiones sobre lo que está en juego
El Comité Santurbán y las organizaciones mineras de Soto Norte tienen posiciones contrarias sobre cómo debe avanzar este proceso.
El comité, que promovió la recusación de Arjona, ha señalado que las decisiones recientes del Gobierno “representan un grave retroceso en la protección de Santurbán”. Según esa organización, estas decisiones también “favorecen los intereses” de Aris Mining.
El comité también cuestionó que el Ministerio de Ambiente revocara la resolución que declaraba como reserva definitiva la microcuenca de la quebrada La Baja. Esta era una de las tres delimitaciones que dejó el gobierno de Gustavo Petro.
Sobre ese punto, el Ministerio de Ambiente ha explicado que la revocatoria respondió a “la necesidad de corregir las irregularidades identificadas en el trámite” y a una orden del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que dispuso reiniciar el proceso para garantizar transparencia y participación ciudadana. El Comité Santurbán, sin embargo, considera que la solución era reabrir la participación, no eliminar la protección ya declarada.
Del otro lado, las organizaciones mineras de Soto Norte piden que el nuevo ministro ad hoc cierre pronto el proceso. Según sus dirigentes, estas organizaciones representan a más de 25.000 familias con una vocación minera de más de 450 años.
“No podemos permitir que el páramo de Santurbán siga siendo utilizado como bandera política, para perseguir, estigmatizar y señalar a más de 25 mil familias”, afirmó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas.
González pidió además que no haya “impedimentos para seguir defendiendo la legalidad y la actividad minera formal” y aseguró que la incertidumbre jurídica ha llevado a algunas familias a abandonar la minería formal, dejando espacio, según su versión, a la minería ilegal.
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Por su parte, Fabio Maldonado, director del Consejo de Desarrollo Territorial de Soto Norte, cuestionó la gestión del proceso durante el gobierno anterior. Según él, las entonces ministras de Ambiente, Susana Muhamad e Irene Vélez, dejaron una delimitación que calificó de “amañada y conveniente”.
Lo que piden las comunidades de cara a lo que sigue
Uno de los principales pedidos de las organizaciones mineras es reiniciar las mesas de concertación. El objetivo es completar la delimitación en los 14 municipios que, según ellas, aún faltan dentro del proceso.
Según su versión, en municipios como Vetas, California, Suratá y Matanza ya existía un acuerdo con el Ministerio de Ambiente. Este definía qué zonas corresponden al páramo y cuáles quedan por fuera.
