El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una demanda que busca impedir que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realice en Cali, tal como está previsto para el próximo viernes 7 de agosto. La decisión no suspende el acto, pero obliga al Congreso, a varios ministerios y a la Alcaldía de Cali a entregar de manera urgente la información que sustenta el traslado de la ceremonia.
Se trata de una acción popular, un mecanismo previsto en el artículo 88 de la Constitución y en la Ley 472 de 1998 para proteger derechos colectivos. Según reportó Semana, la presentó el ciudadano David Fernando Cano Mazuera, y fue admitida mediante un auto del 3 de agosto firmado por el magistrado Luis Manuel Lasso, de la Sección Primera del Tribunal.
Qué pide exactamente la demanda
De acuerdo con el documento conocido por El Espectador, el demandante sostiene que trasladar la sede del Congreso a Cali sin información “pública, completa, verificable y certificada” sobre el acuerdo entre las cámaras, los costos, la seguridad, la logística y el soporte presupuestal pone en riesgo derechos colectivos como la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, la transparencia y la legalidad del gasto.
Por eso pidió al Tribunal, como medida cautelar de emergencia, suspender los efectos de las decisiones del Senado y la Cámara que aprobaron el cambio de sede, y que las autoridades se abstengan de comprometer recursos adicionales mientras no se certifique la necesidad y legalidad del traslado. De manera subsidiaria, solicitó que, si el acto no se suspende, quede condicionado a que las autoridades publiquen en 24 horas todos los soportes jurídicos, presupuestales, logísticos y de seguridad.
Lo que el tribunal ya ordenó
El despacho consideró que el trámite ordinario de 15 días para responder era insuficiente frente a la cercanía de la posesión, y por eso relevó al demandante de ese requisito antes de decidir sobre la medida cautelar.
Mientras resuelve, el Tribunal exigió información puntual a distintas entidades. Al presidente del Congreso le pidió el texto exacto del acuerdo entre Senado y Cámara, las proposiciones aprobadas, las actas de sesión y la votación nominal completa. A los ministerios de Defensa, Hacienda, Relaciones Exteriores y al Dapre les solicitó la fuente presupuestal, los contratos asociados y la certificación de que el escenario cumple las condiciones técnicas y de seguridad necesarias.
Al Ministerio de Defensa, en particular, le pidió los estudios de seguridad, movilidad, evacuación y gestión de riesgo, además del plan de protección para congresistas, prensa e invitados. Y a la Alcaldía de Cali le exigió los estudios de seguridad, los permisos de uso del escenario y los planes de movilidad y atención de protestas. El plazo para entregar todo, según el auto citado por El Espectador, vencía este martes 4 de agosto a las 5:00 p.m.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, fue vinculado al proceso como tercero con interés directo, según reportó Colombia.com.
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El contexto detrás del traslado
La posesión presidencial se celebra tradicionalmente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en Bogotá. Sin embargo, el Senado y la Cámara aprobaron la semana pasada, a solicitud del propio mandatario electo, trasladar de manera excepcional la sesión del Congreso a Cali, citando razones simbólicas y de descentralización, según reportó El Universo. El acto está previsto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, con capacidad para más de 2.200 personas, de acuerdo con ElHeraldo.
¿Qué sigue ahora?
El Tribunal aún no ha decidido si concede la medida cautelar que frenaría el acto en Cali. Esa decisión depende de la información que las entidades debían entregar antes de las 5:00 p.m. de este martes, es decir, a menos de 72 horas de la fecha prevista para la posesión.
