El presidente Abelardo De La Espriella le dio un plazo de una semana a los ministerios de Defensa y Justicia para lograr el sometimiento a la justicia de Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La orden llegó después de que Castillo se dijera dispuesto a entregarse.
“Estoy dispuesto a entregarme; sin embargo, me gustaría decirle al presidente que haya una ley de sometimiento”, afirmó Castillo en entrevista con Semana. El ofrecimiento se conoció días después de la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, otro de los cabecillas de la organización, abatido en un operativo de la Policía en La Guajira.
Lo que dijo Castillo sobre su situación judicial
Castillo se refirió a las órdenes de captura que pesan en su contra. “Me escondo, pero no estoy corriendo. Me escondo porque tengo un problema, una orden de captura en Colombia por el asesinato de un líder, pero no tengo nada que ver, soy inocente”, aseguró. También reconoció tener un requerimiento por narcotráfico.
Esta es la versión del propio Castillo sobre los cargos que se le atribuyen; las autoridades, por su parte, lo señalan desde hace años como uno de los jefes de la estructura conocida antes como Los Pachenca y lo relacionan con homicidios selectivos, extorsiones y tráfico de estupefacientes y armas en Magdalena y La Guajira, entre ellos el asesinato del líder ambiental Alejandro Llinás Suárez, ocurrido en abril de 2020.
La respuesta del presidente y de sus ministros
Frente al ofrecimiento, De La Espriella escribió en sus redes sociales una instrucción a los ministros de Defensa, Jorge Mora, y de Justicia, Iván Cancino: “Señores ministros de Defensa y de Justicia, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto”.
El mandatario agregó que “aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias” y advirtió que, si Castillo no se entrega y continúa delinquiendo, la orden será “darle de baja, como en derecho corresponde”.
El Ministerio de Justicia respondió con un comunicado en el que señaló que “el ordenamiento jurídico colombiano establece los mecanismos y procedimientos para someterse a la justicia” y que “no habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley”. La cartera añadió que cualquier actuación deberá garantizar los derechos de las víctimas.
Por su parte, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, afirmó que “el sometimiento a la justicia debe ser una prioridad” y advirtió que, si se presentan las condiciones legales para el uso de la fuerza, la Fuerza Pública “actuará con decisión, respetando el derecho internacional humanitario”. “No habrá impunidad ni permisividad”, concluyó.
Un prófugo que meses atrás negociaba la paz con el Estado
Castillo tiene una extensa trayectoria judicial: perteneció al Frente Resistencia Tayrona de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico en 2008 y regresó al país en 2011 acogido a la Ley de Justicia y Paz. Según la Policía, volvió a delinquir desde 2017 al frente de Los Pachenca, organización que después se transformó en las ACSN.
En 2022 fue capturado en España y extraditado a Colombia, pero recuperó la libertad en junio de 2023 por decisión de un juez de control de garantías. Pese a ello, en 2025 el gobierno de Gustavo Petro lo reconoció formalmente, mediante la Resolución 335, como uno de los representantes de las ACSN en los espacios de diálogo de la llamada paz total.
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Ese proceso terminó cuando De La Espriella asumió la Presidencia y puso fin a las negociaciones de paz que adelantaba su antecesor. El 26 de agosto de 2026, el mandatario ordenó hacer efectiva la extradición a Estados Unidos de Castillo y de otras cuatro personas que habían participado como representantes de las ACSN en esos diálogos.
