El Gobierno de Abelardo De La Espriella radicó este jueves 29 de octubre, en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley de rescate económico. El texto, de 106 artículos, propone recortar el gasto del Estado, crear nuevos impuestos y devolver el IVA a 19 millones de personas. Lo presentaron el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el vicepresidente, José Manuel Restrepo.
La iniciativa, también conocida como ley de rescate fiscal, busca desactivar lo que Restrepo llamó una “bomba de tiempo” heredada del gobierno de Gustavo Petro. Según el vicepresidente, de cada tres pesos que se pagan en impuestos, uno se va a intereses de la deuda pública. Además, afirmó que esa deuda pasó de 800 billones a más de 1.200 billones de pesos en un solo gobierno.
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Así se repartiría el ajuste, según el Gobierno
Restrepo explicó que, en la ley de rescate económico, el 70 % del ajuste saldría de un gasto público más eficiente. El resto, en cambio, lo pondrían “quienes más tienen”: el 10 % de los colombianos más adinerados aportaría más.
Lo que cambia con la ley de rescate económico
Entre los impuestos del articulado están estos:
- Bebidas ultraprocesadas endulzadas: desde 2028 pagarían $45 por cada 100 mililitros si tienen menos de 9 gramos de azúcar o solo edulcorantes. Con 9 gramos o más, serían $76.
- Normalización tributaria: impuesto extraordinario para 2027, con tarifa de 15 % sobre el costo fiscal o el autoavalúo comercial de activos omitidos o pasivos inexistentes.
- Normalización de criptoactivos: tarifa de 5 % sobre el valor de mercado de los activos digitales omitidos, por única vez en 2027.
Por su parte, Restrepo aseguró que 19 millones de personas que hoy pagan IVA dejarían de hacerlo y recibirían una devolución anticipada. Gómez Martínez agregó que la salud recibiría 30 billones de pesos en cuatro años y que los pequeños empresarios tendrían menos impuestos y estímulos.
Así sería el recorte del Estado
El proyecto propone reducir 20 % el gasto de personal con menos empleados públicos. También suprimiría el 50 % de los contratos de prestación de servicios y restringiría la publicidad en medios impresos. Además, un artículo contempla facultades especiales, por seis meses, para ordenar la supresión de instituciones.
Gómez Martínez sostuvo que, sin ajuste, el Gobierno no conseguiría los recursos para el presupuesto de 2027, fijado por decreto en $634,9 billones. Ahora el proyecto pasa al Congreso, que debe debatirlo antes de que cualquiera de estas medidas se aplique.
